Argentina ha decidido dar un giro de tuerca al control de la pesca ilegal en su mar, poniendo el foco de forma muy directa en la actividad de buques extranjeros, entre ellos varios de origen europeo y español. El Gobierno ha puesto en marcha un protocolo más exigente para vigilar los movimientos de las flotas que operan cerca o dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), con el objetivo de frenar prácticas no autorizadas que ponen en riesgo sus recursos pesqueros.
El refuerzo normativo llega en un momento de máxima tensión con determinadas embarcaciones gallegas y de otros países europeos, tras varios episodios recientes en los que las autoridades argentinas han detectado maniobras sospechosas en aguas bajo su jurisdicción. Con estas nuevas reglas, Buenos Aires quiere cerrar las denominadas zonas grises que algunos barcos aprovechaban para justificar su presencia como simple tránsito inocente.
Nuevo protocolo argentino contra la pesca ilegal
La Secretaría de Pesca de Argentina ha publicado en el Boletín Oficial una disposición normativa que define una estrategia más afinada para clasificar la conducta de los buques extranjeros. El texto describe con bastante detalle qué parámetros de navegación se considerarán indicios de pesca ilegal, abriendo la puerta a la apertura de sumarios y a la imposición de sanciones económicas cuando se confirme la infracción.
La clave de este nuevo enfoque está en el análisis de la velocidad y de las maniobras de cada barco. A partir de ahora, no bastará con alegar que se está atravesando la zona sin pescar: la forma de navegar, los cambios de rumbo y el tiempo que pasan dentro de la ZEE serán determinantes para que la autoridad marítima sospeche de una faena irregular.
Según la disposición, se considerará que un buque extranjero puede estar operando ilegalmente si se desplaza a menos de 6 nudos mientras realiza cambios de rumbo compatibles con tareas de pesca. Esta combinación de baja velocidad y giros continuos se asocia a prácticas de arrastre o al uso de artes que requieren maniobras constantes sobre un mismo caladero.
En el caso concreto de la pesca de calamar, el criterio se vuelve todavía más estricto: el documento fija el umbral en velocidades iguales o inferiores a 2 nudos durante un mínimo de 30 minutos seguidos. Es decir, si un barco se mueve muy despacio y se mantiene así durante un periodo prolongado, Argentina lo tomará como un indicio fuerte de operación pesquera, incluso aunque el capitán sostenga lo contrario.
Con este cambio, las autoridades buscan acotar las maniobras de “espera” o de supuesta recalibración de equipos que algunos buques empleaban para justificar rutas o paradas llamativas cerca de los límites de la ZEE. El mensaje del Gobierno es claro: cualquier comportamiento que encaje en esos patrones será revisado con lupa.
Inversión de la carga de la prueba para capitanes y armadores
Una de las novedades más relevantes del nuevo esquema regulador es que se invierte la carga de la prueba. Hasta ahora, la Administración argentina debía demostrar con bastante detalle que un barco estaba faenando sin permiso. Con la nueva disposición, la situación se da la vuelta y será el propio buque el que deba acreditar que no estaba pescando.
Esto implica que capitanes, operadores y armadores tendrán que justificar sus movimientos si son detectados con parámetros compatibles con pesca. Deberán explicar qué estaban haciendo, aportar documentación de la ruta, registros de equipos, comunicaciones y cualquier otro elemento que respalde su versión. En la práctica, se obliga a las empresas armadoras, muchas de ellas con base en puertos españoles y europeos, a mejorar el control interno de sus operaciones en el Atlántico Sur.
El Gobierno del presidente Javier Milei pretende así reducir al mínimo los márgenes de interpretación que existían en la vigilancia de la ZEE. Si antes algunos capitanes se movían en un terreno ambiguo, ahora el simple hecho de navegar con las velocidades y maniobras descritas podrá activar un expediente. Una vez abierto, el barco deberá esforzarse en demostrar que su actuación fue legítima.
Desde el punto de vista jurídico, la normativa refuerza el margen de actuación de Argentina dentro de su Zona Económica Exclusiva, alineándose con una tendencia global a exigir mayores garantías de trazabilidad y respeto a las regulaciones nacionales, algo que también está muy presente en el debate europeo sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Detección de un buque español en la ZEE argentina
El nuevo contexto normativo se ha hecho especialmente visible tras un episodio reciente que afecta a un barco europeo. La Prefectura Naval Argentina informó de la detección de un buque pesquero de bandera extranjera navegando dentro de la ZEE Argentina con un patrón de desplazamiento que, según los datos oficiales, era compatible con posibles tareas de pesca no autorizadas.
La identificación se llevó a cabo mediante el Sistema Guardacostas, la plataforma tecnológica de monitoreo marítimo que utiliza Argentina para vigilar de forma continua el tráfico en sus aguas. A través de esta herramienta, la Autoridad Marítima localizó e identificó al pesquero arrastrero Playa Da Cativa, de bandera española, cuya trayectoria levantó sospechas entre los operadores del centro de control.
Los registros indican que la detección electrónica tuvo lugar el domingo 1 de febrero, cuando la embarcación permaneció aproximadamente 45 minutos dentro del área argentina, desplazándose a una velocidad inferior a los cuatro nudos. Para las autoridades, este tipo de comportamiento, con baja velocidad sostenida y permanencia en una misma zona, encaja con la operativa de la pesca de arrastre.
De confirmarse que el buque estaba faenando sin autorización, el caso podría constituir una infracción a la Ley N.º 24.922, Régimen Federal de Pesca, que regula la explotación, preservación y control de los recursos pesqueros en aguas jurisdiccionales argentinas. Este marco legal contempla sanciones que pueden ir desde importantes multas hasta la posible inmovilización de la embarcación o el decomiso de las capturas.
Este incidente ha sido seguido con atención desde España, ya que pone de nuevo bajo el foco la actividad de la flota gallega y de otros armadores europeos en el Atlántico Sur. Aunque la investigación sigue su curso y corresponde a las autoridades determinar si hubo o no infracción, el caso sirve de aviso para otras compañías que operan cerca del límite marítimo argentino.
Advertencias previas y contexto para la flota europea
La Prefectura recordó que, pocos días antes de la detección, el capitán del mismo buque ya había sido formalmente advertido por la Autoridad Marítima argentina. Ese primer aviso se produjo el jueves 29 de enero, cuando el barco se encontraba próximo al límite exterior de la ZEE, en una posición que ya generaba preocupación por una posible incursión involuntaria en aguas controladas por Argentina.
Durante aquella comunicación, las autoridades indicaron al responsable de la nave la obligación de mantener una distancia prudencial respecto a la frontera marítima, precisamente para evitar que cualquier incidencia técnica o maniobra de navegación derivase en una entrada no autorizada en la ZEE. Según la información oficial, la notificación fue recibida y confirmada por el capitán.
Este tipo de advertencias no son infrecuentes en zonas donde confluyen intereses pesqueros de distintos países, pero en el clima actual adquieren una relevancia especial. Para la flota española y europea que opera en el Atlántico Sur, el episodio refuerza la necesidad de planificar con más cuidado las rutas, de registrar con precisión los movimientos y de mantener una comunicación fluida con las autoridades costeras.
En términos prácticos, los armadores con base en puertos de Galicia y de otras regiones europeas deberán asegurarse de que sus capitanes conocen al detalle los nuevos criterios de velocidad, maniobra y permanencia establecidos por Argentina. Un error de cálculo o una mala interpretación podría desencadenar un procedimiento sancionador que, además de su impacto económico, afectaría a la reputación de la empresa en un contexto internacional muy sensible a la pesca ilegal.
Este caso también conecta con las preocupaciones de la Unión Europea en materia de sostenibilidad y control de las capturas. Bruselas ha impulsado en los últimos años normas cada vez más estrictas contra la pesca INDNR, y los Estados miembros, España entre ellos, están obligados a supervisar la actuación de sus flotas en aguas de terceros países para evitar conflictos diplomáticos y sanciones comerciales.
Tecnología de vigilancia y presión sobre los recursos
La actuación de la Prefectura Naval Argentina ha sido posible gracias al Sistema Guardacostas, considerado uno de los sistemas de monitoreo marítimo más avanzados de la región. Esta plataforma integra información procedente de varias fuentes, como sistemas satelitales, el AIS (Sistema de Identificación Automática) y radares costeros, lo que permite un seguimiento prácticamente en tiempo real de las embarcaciones que se aproximan o se mueven dentro de la ZEE.
El sistema es gestionado por personal especializado de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Prefectura, en el marco de las políticas de seguridad impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional argentino. Esta combinación de tecnología y recursos humanos hace posible identificar patrones de navegación sospechosos, reconstruir rutas y cruzar datos con los permisos de pesca existentes.
En este contexto, el endurecimiento de los controles por parte de Argentina se interpreta como una respuesta a la competencia creciente entre flotas internacionales, incluidas las europeas, por acceder a estos recursos. La combinación de dispositivos de vigilancia avanzados y criterios normativos más exigentes busca asegurar que solo quienes cuentan con autorización y cumplen con las reglas puedan explotar el caladero.
Para España y el resto de Europa, este escenario supone un recordatorio de que la presencia en aguas lejanas está sujeta a un marco regulatorio cada vez más estricto. La cooperación con los países costeros, el respeto a sus leyes y la transparencia en la actividad pesquera serán elementos clave para seguir operando en estos espacios sin conflictos ni sanciones.
Todo este paquete de medidas, advertencias e incidentes recientes dibuja un panorama en el que Argentina apuesta por un control mucho más férreo de su espacio marítimo, mientras que la flota española y europea se ve obligada a extremar precauciones. La combinación de nuevos criterios de velocidad y maniobras, la inversión de la carga de la prueba y el uso intensivo de tecnología de vigilancia está elevando el listón del cumplimiento, obligando a todos los actores a moverse con más cuidado en un Atlántico Sur cada vez más vigilado.
