Cualquiera que pase un rato navegando por su muro de noticias puede toparse con vídeos de monos adorables o reptiles llamativos, pero lo que muchas veces no vemos es la trama de tráfico ilegal que se esconde tras un simple clic. La facilidad con la que hoy en día se pueden adquirir especies protegidas en plataformas digitales ha encendido todas las alarmas de los organismos internacionales, ya que este fenómeno no para de crecer a un ritmo vertiginoso en todo el mundo.
Aunque nos pille un poco lejos lo que sucede en otros continentes, en nuestro país la situación no es para tomársela a broma, pues los expertos aseguran que España es un punto caliente tanto para la venta directa como para el tránsito de especies que vienen del norte de África o van camino de Asia. Se estima que cientos de primates y otros animales exóticos aparecen cada año en anuncios que, aunque parezcan inofensivos, forman parte de una red criminal muy bien organizada.
El truco de las adopciones y el camuflaje digital
Para que los algoritmos de Facebook, Instagram o TikTok no les borren las publicaciones de inmediato, los vendedores se las saben todas y utilizan palabras clave como supuestas adopciones o reubicaciones con las que disfrazan el negocio puro y duro. Esta táctica permite que los anuncios aguanten semanas activos, tiempo más que suficiente para que algún comprador despistado o con pocos escrúpulos muerda el anzuelo y contacte por privado para cerrar el trato.
En investigaciones recientes se ha llegado a monitorizar la oferta de más de 1.600 primates vivos en apenas un mes y medio, lo que da una idea de la magnitud de este mercado que ofrece desde pequeños titíes hasta chimpancés. Los precios no son moco de pavo, ya que se han llegado a pedir hasta 6.500 dólares por ejemplar, dependiendo de lo rara que sea la especie o de si el animal es todavía una cría, que es lo que más busca la gente.
Lo que el comprador no suele tener en cuenta es que esas crías han sido arrebatadas a sus madres de forma violenta en su hábitat natural, provocando un trauma irreparable tanto en el animal como en el grupo social al que pertenecía. Además, el viaje hasta el destino final suele hacerse en condiciones lamentables, como ocurre en operativos donde se rescatan animales exóticos traficados, metidos en cajas o maletas donde muchos ejemplares mueren antes incluso de cruzar la frontera, lo que supone una pérdida de biodiversidad incalculable.
España y las brechas legales del convenio CITES
En nuestro territorio, asociaciones como el Proyecto Gran Simio llevan años denunciando que existe un coladero importante en el Reglamento CITES que permite blanquear el tráfico de especies en peligro. La norma permite la venta si se demuestra que han nacido en cautividad, algo que los traficantes aprovechan falsificando documentos o sobornando a personal en los países de origen para hacer pasar por domésticos a animales que han sido capturados directamente en la selva, similar a casos donde se han intervenido tortugas protegidas en naves clandestinas.
Pedro Pozas, coordinador de esta entidad, recalca que en las fronteras españolas, como la de Marruecos, se siguen interceptando de vez en cuando ejemplares de macaco de Berbería que intentan ser introducidos ilegalmente. Sin embargo, el rastro digital es mucho más difícil de seguir porque muchas veces los servidores están en el extranjero o los anuncios son directamente estafas donde el comprador paga y nunca recibe nada, lo que complica la labor de rastreo del Seprona o la Interpol.
Este comercio de vida silvestre no es un asunto menor, ya que mueve unos 23.000 millones de dólares anuales en todo el planeta, situándose en el podio de los negocios ilícitos junto al tráfico de armas o estupefacientes. No se trata solo de un problema ético o de conservación de especies, sino de una estructura criminal que pone en riesgo la salud pública al facilitar la entrada de enfermedades zoonóticas sin ningún tipo de control sanitario.
La concienciación ciudadana resulta vital para frenar este avance, evitando alimentar la demanda de especies que bajo ninguna circunstancia deberían vivir en un piso o en un jardín como si fueran animales de compañía. Es necesario que las autoridades y las propias redes sociales endurezcan la vigilancia y cierren de una vez esos agujeros legales que permiten que el tráfico de fauna siga siendo un negocio de bajo riesgo y altísima rentabilidad para unos pocos a costa de destruir la naturaleza de todos.
