El tráfico de especies protegidas sigue siendo un tema de lo más espinoso, y lo que ha ocurrido recientemente en Eldorado es para echarse las manos a la cabeza. Lo que empezó como una intervención para frenar el comercio clandestino de animales silvestres ha terminado convirtiéndose en un embrollo legal que ha puesto en el punto de mira a las autoridades judiciales y policiales de la zona.
La Fundación Dante Piesco, que se deja la piel a través de su centro de rescate OHANA, se ha llevado un buen chasco después de que el Juzgado de Instrucción N.º 1 les negara la posibilidad de actuar como parte querellante en la causa. Según la organización, esta decisión parece una maniobra para silenciar las críticas tras haber denunciado que una tortuga, que servía como prueba del delito, desapareció por arte de magia mientras estaba custodiada por la policía.
El origen del conflicto en el comercio local
Todo este lío comenzó en un establecimiento llamado Agro Oeste, donde la fundación sospechaba que se estaban vendiendo animales sin ningún tipo de permiso. Para no ir a ciegas, los voluntarios realizaron una especie de compra simulada el pasado 13 de mayo, logrando grabar en vídeo cómo se ofrecían tortugas terrestres de distintas especies, algo que está totalmente prohibido por la normativa ambiental vigente.
Durante esa inspección visual antes del operativo oficial, se identificaron ejemplares de Chelonoidis chilensis y de Chelonoidis carbonaria. Esta última es la que ha desatado toda la polémica, ya que se encuentra bajo el estricto paraguas del convenio internacional CITES, que regula el comercio de especies amenazadas para evitar que se ponga en peligro su supervivencia en libertad.
El extraño cambiazo de la evidencia viva
La cosa se puso fea cuando la Unidad Regional de Delitos Rurales tomó el mando del operativo. Según la denuncia pública de la ONG, la tortuga carbonaria desapareció de las dependencias oficiales y, en su lugar, apareció otro ejemplar de una especie diferente. Para los expertos de la fundación, esto no ha sido un simple despiste taxonómico, sino un intento de alterar la evidencia para que el delito parezca menos grave.
Este tipo de prácticas, que parecen sacadas de una película de serie B, tienen implicaciones legales muy serias. Al tratarse de animales que forman parte de circuitos de tráfico internacional, el hecho de que se pierda la pista de un ejemplar bajo custodia del Estado supone un fallo de seguridad que no se puede pasar por alto así como así, y menos cuando hay grabaciones previas que confirman su existencia.
Trabas judiciales y falta de legitimación
Por si fuera poco, el juzgado ha decidido que la fundación no tiene derecho a personarse en la causa. El argumento utilizado ha dejado a más de uno con la boca abierta, ya que se les exige presentar un título de propiedad sobre los animales silvestres. Es un razonamiento que no tiene ni pies ni cabeza, puesto que, por definición, la fauna silvestre no tiene dueños particulares y su protección recae en el interés público y ambiental.
Micaela Mariel Pereira, la abogada que representa a la organización, ha señalado que existe una colisión de competencias que solo sirve para demorar medidas judiciales urgentes. Ya han presentado un recurso de apelación basándose en la jurisprudencia de tribunales superiores que, en casos similares de maltrato o tráfico animal, suelen permitir que las entidades ambientalistas participen activamente para garantizar que no se cierren los expedientes en falso.
Queda claro que el camino para erradicar el tráfico de fauna en la región está lleno de obstáculos, especialmente cuando las instituciones que deberían velar por la legalidad parecen poner palos en las ruedas. Es fundamental que en estas cuestiones de conservación se apueste por una mayor transparencia en los procesos judiciales para que la protección de la naturaleza no se quede solo en buenas palabras y realmente se castigue a quienes lucran con la vida silvestre.