Once tortugas protegidas y varios jilgueros han sido intervenidos por la Guardia Civil en una nave industrial de Paracuellos del Jarama, en la Comunidad de Madrid. La actuación se enmarca en los controles que realiza el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) frente al comercio y tenencia ilegal de fauna silvestre y especies incluidas en convenios internacionales, como ocurrió en el caso en Molina de Segura.
Los agentes encontraron a los animales en un local alquilado por un vecino del municipio, donde también se hallaban decenas de aves de distintas especies. La ausencia de documentación que acreditara el origen legal de los ejemplares, las condiciones en las que estaban alojados y la sospecha de que algunos pudieran ser especies protegidas motivaron la intervención y la apertura de diligencias penales.
Hallazgo de las 11 tortugas y las aves en la nave de Paracuellos
La actuación del Seprona se produjo tras el aviso de la propietaria de la nave, que alertó de que el inquilino acudía solo de forma esporádica para alimentar a los animales. A raíz de esta llamada, una patrulla se desplazó hasta el inmueble situado en Paracuellos del Jarama para comprobar la situación en su interior.
Una vez dentro, los agentes localizaron más de 40 pájaros, entre ellos canarios, jilgueros y ejemplares híbridos de ambas especies, además de once tortugas de distintas características. El volumen de animales, unido a la dispersión de jaulas y recipientes, llevó a los efectivos a revisar uno por uno los especímenes y las condiciones del espacio.
Durante la inspección, los guardias civiles constataron que ninguna de las tortugas ni los jilgueros intervenidos contaba con la documentación exigida para su tenencia legal. Tampoco se pudo acreditar de forma convincente su procedencia, algo especialmente relevante cuando se trata de especies sensibles o incluidas en listados de protección, como en la incautación en Mallorca.
Además, en el mismo local se encontraron siete aves muertas, lo que reforzó las dudas de los agentes sobre el bienestar de los animales que permanecían con vida. Pese a ello, los canarios y los híbridos de canario y jilguero no fueron decomisados, al no apreciarse en ellos los mismos indicios de protección específica que sí afectaban a los otros ejemplares.
Ante la concurrencia de estos factores —falta de papeles, condiciones cuestionables de mantenimiento y sospecha de que se tratara de fauna protegida—, el Seprona procedió a la intervención de las once tortugas y de siete jilgueros, considerados prioritarios por su estatus legal; casos como el tráfico de 774 tortugas ilustran la dimensión que pueden alcanzar estas redes.
Intervención de especies protegidas: tortugas CITES y jilgueros
Tras el decomiso, los animales fueron trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid, donde se les practicaron revisiones veterinarias y se evaluó su estado general. Este tipo de centros se encarga de atender a la fauna silvestre herida, decomisada o incautada en operaciones contra el tráfico ilegal.
Los informes técnicos elaborados posteriormente confirmaron que las tortugas intervenidas están incluidas en el convenio CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), como ocurre en casos de contrabando de tortugas que obligan a controles rigurosos.
En el caso de las aves, se ratificó que los siete jilgueros decomisados corresponden a una especie silvestre protegida en España. La normativa vigente prohíbe de forma expresa su captura en el campo, su muerte, su comercialización y su posesión cuando se trate de ejemplares procedentes del medio natural, salvo en supuestos muy específicos y debidamente autorizados.
La combinación de tortugas amparadas por el CITES y jilgueros catalogados como especie silvestre protegida explica que el Seprona se centrara en estos animales y no en el resto de aves halladas, como los canarios o los híbridos, sobre los que no recaen las mismas restricciones legales. Solo se intervinieron los especímenes con indicios claros de estar protegidos o cuya tenencia exigía requisitos que no se cumplían; casos similares incluyen el golpe al tráfico en Chiapas.
En paralelo a la intervención, se abrieron diligencias para documentar las circunstancias de la tenencia, incluyendo fotografías, descripción de jaulas y recipientes, condiciones de higiene y cualquier otra evidencia que pudiera resultar de interés para la autoridad judicial o administrativa.
Situación del responsable y posible responsabilidad penal
El inquilino de la nave, un vecino de Paracuellos del Jarama, fue detenido el 14 de abril por un presunto delito contra la fauna y la flora relacionado con la tenencia de especies protegidas. La intervención se produjo tras la recopilación de indicios suficientes sobre la situación de los animales y la ausencia de permisos o certificados.
Durante las diligencias, el hombre afirmó que su intención era alimentar y cuidar ocasionalmente a las aves y a las tortugas, aunque no aportó la documentación necesaria para justificar la posesión legal de los ejemplares protegidos. Después de ser informado de sus derechos y de tomársele declaración, quedó en libertad en calidad de investigado, a la espera de lo que determinen las autoridades judiciales.
El tipo de delito que se le atribuye castiga la tenencia, comercio o tráfico de especies silvestres protegidas sin la documentación adecuada o en condiciones contrarias a lo establecido por la ley. En función del resultado de la investigación y de la valoración de los informes periciales, podrían imponerse sanciones penales y, en su caso, multas económicas y prohibiciones futuras relacionadas con la tenencia de fauna.
Conviene recordar que, en España y en el ámbito europeo, la protección de la fauna silvestre se apoya tanto en la legislación nacional como en directivas comunitarias y convenios internacionales, lo que configura un marco jurídico exigente frente al tráfico y a la tenencia irregular de animales.
Este tipo de intervenciones sirven también para documentar posibles redes o patrones de comercio ilegal, ya que la aparición de ejemplares CITES o de aves silvestres protegidas sin justificar su origen puede vincularse a capturas ilegales o a movimientos no autorizados de fauna a través de distintos territorios; ejemplos de respuestas masivas incluyen la liberación en Beni.
Marco legal y protección de fauna en España y Europa
El caso de Paracuellos del Jarama ilustra cómo actúa el sistema de protección de fauna cuando se sospecha de una tenencia irregular de especies sensibles. En el plano internacional, el convenio CITES obliga a los países firmantes, entre ellos España y el resto de Estados miembros de la Unión Europea, a controlar con rigor la importación, exportación y posesión de especies incluidas en sus listados.
A nivel interno, la normativa española y autonómica considera el jilguero como especie silvestre protegida, lo que significa que no puede ser capturado en el medio natural, ni mantenido en cautividad si procede directamente de la naturaleza, salvo excepciones muy tasadas. Cualquier actividad que implique su comercio, transporte o exhibición debe respetar estrictos requisitos y autorizaciones.
En el caso de las tortugas, su inclusión en CITES supone que solo pueden mantenerse legalmente si se dispone de documentación que acredite su origen legal, como certificados de cría en cautividad, permisos de importación o facturas de compra de criadores autorizados. La ausencia de estos documentos suele considerarse un indicio claro de irregularidad.
La intervención del Seprona y el envío de los animales al CRAS encajan en la estrategia general de las autoridades de priorizar el bienestar de los ejemplares afectados. Una vez en el centro de recuperación, especialistas valoran si pueden ser reintroducidos en el medio, reubicados en instalaciones adecuadas o mantenidos bajo custodia de manera permanente; procesos similares se aplicaron tras la reintroducción en la Amazonia.
Todo ello refuerza la idea de que la tenencia de animales exóticos o silvestres en España y en Europa no es una cuestión menor ni un simple pasatiempo, sino una actividad sujeta a controles, requisitos legales y posibles responsabilidades penales cuando no se hace conforme a la normativa.
El operativo en la nave de Paracuellos del Jarama, con la incautación de once tortugas protegidas y siete jilgueros, pone de relieve la vigilancia que mantiene el Seprona sobre la tenencia de fauna sensible y evidencia que la falta de documentación y las malas condiciones pueden desencadenar investigaciones penales, decomisos de animales y la intervención de centros especializados para garantizar su protección.
