Hace apenas unos días saltó la voz de alarma en la región de Los Lagos tras una serie de avisos de los vecinos que sugerían una posible fuga masiva de salmones en las aguas del lago Llanquihue. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el organismo que en estos casos debe ponerse las pilas, no ha tardado en movilizar a sus equipos para realizar inspecciones tanto sobre el terreno como de forma documental para aclarar qué hay de cierto en todo este embrollo.
Aunque la preocupación ha corrido como la pólvora por las localidades cercanas, las autoridades han pedido cautela mientras se recaban todas las pruebas necesarias. Por ahora, el objetivo principal es determinar responsabilidades y confirmar si realmente el ecosistema se ha visto comprometido por la salida accidental de ejemplares desde las jaulas de cultivo que operan en la cuenca, un asunto que siempre genera mucha fricción entre la industria y los residentes.
Despliegue de inspecciones y tecnología en la zona
Cristián Hudson, quien lleva las riendas de Sernapesca en la región, ha confirmado que se están dejando la piel para corroborar la denuncia. Según ha explicado, cuando ocurre un suceso de este calibre, las empresas tienen la obligación legal de dar el aviso inmediatamente y activar sus planes de contingencia. De no haberlo hecho, se enfrentarían a sanciones económicas de las que pican de verdad y a un endurecimiento de sus condiciones de operación.
A día de hoy, el organismo fiscalizador está cruzando datos para ver si las cuentas cuadran. No hay que olvidar que en el lago operan actualmente tres centros de cultivo gestionados por las firmas Caleta Bay y Salmones Camanchaca. La sospecha de que alguien haya intentado escurrir el bulto y no informar a tiempo está sobre la mesa, aunque las compañías ya han empezado a dar sus propias versiones de lo ocurrido.
Las tareas de vigilancia no se han quedado solo en mirar papeles; se ha echado mano de la tecnología para no dejar ningún cabo suelto. Se están realizando revisiones exhaustivas de las redes submarinas para comprobar su integridad. Es vital saber si ha habido alguna rotura por desgaste o por algún evento externo que pudiera haber facilitado que los peces se dieran a la fuga hacia aguas abiertas.
Desde la institución han sido muy claros: si se llega a confirmar que hubo un escape y que este se ocultó de forma deliberada, caerá todo el peso de la ley sobre los responsables. Las multas por omitir este tipo de información son severas, ya que la transparencia es el pilar fundamental para que la convivencia entre la acuicultura y el medio ambiente no se vaya al traste.
La versión de las empresas y el uso de robots
Por su parte, la empresa Caleta Bay ha querido salir al paso de los rumores asegurando que ellos no han detectado ni la más mínima fuga en sus centros. Para curarse en salud, han colaborado estrechamente con la Autoridad Marítima y han utilizado vehículos de operación remota, conocidos coloquialmente como ROV, para inspeccionar cada centímetro de sus mallas. Según sus informes, no se ha encontrado ningún rastro de rotura ni anomalías en el inventario de peces.
Desde la compañía insisten en que su compromiso con el bienestar animal y la sostenibilidad es total. Han puesto a disposición de los inspectores toda la información técnica y documental necesaria, tratando de transmitir tranquilidad a la comunidad. Aseguran que sus procesos de trazabilidad son a prueba de fallos y que, de haber ocurrido algo, habrían sido los primeros en levantar la mano.
En una situación algo distinta se encuentra Salmones Camanchaca, que ha aclarado que su centro en el lago Llanquihue está ahora mismo completamente vacío de peces. Según fuentes de la empresa, la última biomasa que estuvo allí se retiró el pasado 11 de marzo, cumpliendo con los periodos de descanso y rotación habituales que marca la normativa vigente en el sector.
Resulta que sus instalaciones en esta zona se usan principalmente para el crecimiento de juveniles de salmón coho, los cuales pasan apenas unos meses en agua dulce antes de ser trasladados al mar. Al no haber ejemplares en las jaulas durante la fecha de la denuncia, la empresa descarta cualquier implicación directa en este posible incidente, reafirmando que sus actas están en regla ante los reguladores.
Preocupación política y causas naturales alternativas
El alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, no se ha quedado de brazos cruzados y ha expresado su malestar por la situación detectada en el sector de Totoral. Arismendi lleva tiempo pidiendo que estas industrias se trasladen a las orillas o fuera del cuerpo principal de agua para minimizar el impacto visual y ambiental. Para el edil, que los salmones campen a sus anchas por el lago es una tragedia, ya que son depredadores que acaban con la fauna autóctona.
Sin embargo, hay otra teoría que los expertos de Sernapesca no descartan y que podría dar un vuelco a la investigación. Resulta que estamos en plena temporada de desove, un momento del año en el que el flujo de salmónidos que remontan las corrientes aumenta de forma natural. Muchos de estos peces son ejemplares asilvestrados que ya viven por su cuenta en el ecosistema y que ahora son más visibles.
Es muy probable que los ciudadanos hayan confundido este movimiento migratorio natural con una fuga desde los centros de cultivo. Las especies asilvestradas tienen un comportamiento muy similar a las de cautiverio, lo que a simple vista puede llevar a engaño. Aun así, la autoridad prefiere mantener todas las hipótesis abiertas hasta que los informes técnicos finales arrojen un poco de luz sobre el asunto.
El impacto económico y la reputación del sector están en juego, ya que cualquier fallo en la contención se mira con lupa en un mercado global cada vez más exigente. En los próximos días se espera que las auditorías concluyan para saber si finalmente se trata de una falsa alarma ciudadana o de un error operativo que deba ser sancionado para evitar que se repita en el futuro.
La situación actual en el lago Llanquihue refleja la tensión constante entre la actividad productiva y la conservación del entorno natural, quedando a la espera de que los análisis de Sernapesca confirmen si los ejemplares avistados son fauna silvestre en desove o fruto de un descuido industrial. Con las empresas negando cualquier anomalía tras sus inspecciones robóticas y las autoridades locales exigiendo un mayor control sobre las concesiones acuícolas, el desenlace de esta investigación será clave para definir las futuras exigencias de seguridad y los protocolos de convivencia en una de las reservas de agua dulce más importantes de la zona.