La pesca artesanal de angulas, una de las actividades marineras más emblemáticas del norte y el sureste de España, se encuentra en una encrucijada decisiva. La propuesta del Gobierno central de elevar la protección de la anguila europea a la máxima categoría de amenaza ha encendido las alarmas en cofradías, administraciones autonómicas y comunidades costeras que dependen de esta pesquería estacional.
Mientras los organismos científicos internacionales insisten en que la especie se halla en situación crítica y recomiendan reducir las capturas a cero, buena parte del sector y de los gobiernos regionales alerta de que una veda total, aplicada de manera aislada en España, podría arrasar economías locales sin garantizar la recuperación de la anguila si otros países europeos siguen pescando.
Un giro en la protección de la anguila que sacude a la pesca artesanal
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto sobre la mesa la inclusión de la anguila europea en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de «en peligro de extinción». Este movimiento supondría, en la práctica, el cierre casi total de la pesquería de la especie en todas sus fases, incluida la captura de angula, que es la cría que se pesca en los tramos bajos de ríos y estuarios.
La decisión se está canalizando a través del Comité de Flora y Fauna, en el que participan las 17 comunidades autónomas y que, aunque no adopta la resolución definitiva, sí marca el rumbo político y técnico del futuro de la actividad. En paralelo, los consejos consultivos de Política Pesquera y Política Agrícola para Asuntos Comunitarios han sido el foro donde varias autonomías han hecho público su desacuerdo con la línea del Gobierno central.
El impulso del MITECO se apoya en informes científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES/CIEM), que desde hace años viene advirtiendo de que la población de anguila europea se mantiene por debajo de los límites biológicos de seguridad. En su recomendación más reciente, el ICES aboga por «cero capturas» en todos los hábitats cuando se aplica el enfoque de máxima precaución.
Sobre la mesa, por tanto, se cruzan dos visiones: por un lado, la de quienes defienden que ya no hay margen para seguir explotando la especie y que es necesario frenar toda mortalidad asociada a la pesca; por otro, la de quienes sostienen que las pesquerías artesanales de angulas llevan años sacrificándose, aplican restricciones muy severas y no deberían ser el único foco de una estrategia de conservación que, a su juicio, pasa también por recuperar ríos y frenar el furtivismo.
Asturias, Galicia y Cantabria: defensa cerrada de una tradición fuertemente regulada
En el noroeste español, la cuestión se vive casi como un plebiscito sobre el futuro de la pesca profesional de angula. Asturias, Galicia y Cantabria han manifestado de forma coordinada su oposición a una prohibición total, argumentando que afectaría de lleno a una actividad histórica, muy controlada y que aporta ingresos esenciales a la flota de pequeña escala.
El consejero de Medio Rural y Política Agraria de Asturias, Marcelino Marcos, ha reiterado que la anguila ya está sometida a un régimen de protección elevado, con controles progresivamente más estrictos en las últimas décadas. Según el Principado, la normativa regional ha ido recortando días de campaña, licencias disponibles y dimensiones de artes, hasta configurar uno de los marcos de gestión más restrictivos de la Unión Europea para esta pesquería.
Marcos recalca que la pesca artesanal de angulas en Asturias se encuadra en un modelo de pequeña escala, con embarcaciones y pescadores que dependen de esa corta temporada para completar su renta anual. No se trata de un volumen enorme de capturas, remarcan desde el Gobierno autonómico, pero sí de un ingreso clave que forma parte de la diversidad económica y social del litoral, especialmente para la flota artesanal.
El Principado también pone el acento en las posibles repercusiones jurídicas y económicas que implicaría el nuevo estatus de la especie, advirtiendo de que la propuesta estatal no ha valorado a fondo cómo encaja con la Política Pesquera Común, ni con los instrumentos de gestión sectorial que ya funcionan, ni con las autorizaciones hoy vigentes. Para el Ejecutivo asturiano, una decisión de este alcance debería tomar en consideración de manera explícita el impacto sobre comunidades que llevan décadas adaptándose a cuotas, vedas y controles.
Desde el sector pesquero del Cantábrico, patrones y cofradías subrayan que la presión sobre la pesquería ya se ha reducido de forma drástica. Representantes de la flota recuerdan que se ha pasado de campañas de cerca de cien días a apenas un tercio, lo que supone una reducción de esfuerzo de alrededor del 70%, al tiempo que se prepara la retirada de decenas de embarcaciones en los próximos años. En ese contexto, muchos pescadores consideran inasumible seguir trabajando con la amenaza constante de un cierre total, sin que se planteen compensaciones claras ni alternativas reales.
Murcia y el Mar Menor: una pesquería artesanal bajo lupa
A más de mil kilómetros del Cantábrico, la Región de Murcia afronta el mismo debate desde otra realidad, pero con un denominador común: el peso de la pesca artesanal de angula en la economía local. El Gobierno murciano ha anunciado que votará en contra de la inclusión de la anguila europea en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial como «en peligro de extinción», alegando que la propuesta llega sin todos los estudios científicos necesarios.
La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, sostiene que la conservación de la biodiversidad exige información rigurosa y completa. En su opinión, no se puede adoptar una decisión generalizada de máxima protección sin analizar con detalle las causas del declive de la especie y sin evaluar los resultados de los actuales modelos de gestión, especialmente en zonas donde ya se han implantado restricciones muy severas.
En el Mar Menor, la pesquería se rige por el método tradicional de paranza y está sometida a una veda de nueve meses y medio, de los cuales ocho transcurren de forma ininterrumpida. A ello se suma el respeto estricto a cuotas y tallas mínimas. Las autoridades regionales recuerdan que este esquema es bastante más duro que las normas que estuvieron vigentes en el pasado, y que el sector ha asumido este esfuerzo como parte de una gestión responsable.
Murcia advierte de que una prohibición total de la pesca de anguila y angula en aguas interiores e interiores marítimas tendría un efecto directo sobre la pesca artesanal del Mar Menor, muy particularmente en municipios como San Pedro del Pinatar, donde esta actividad se ha transmitido de generación en generación y forma parte del tejido social y cultural tanto como de la economía local.
La administración regional recalca que no es razonable penalizar a un sector que cumple de forma estricta con las limitaciones legales mientras otros factores de mortalidad y de degradación del hábitat, como la contaminación, la construcción de infraestructuras que bloquean los ríos, la presencia de parásitos o las alteraciones oceánicas, no se están abordando con la misma contundencia. Desde esta óptica, la veda total sería una medida extrema que no ataca el origen completo del problema.
Ciencia, conservación y la presión de Bruselas
Al margen de las tensiones políticas, el consenso científico internacional dibuja un panorama complejo para la anguila europea. El ICES viene alertando desde hace años de que los niveles de reclutamiento —la llegada de juveniles a las costas y estuarios— se sitúan muy por debajo de los registrados en las décadas de 1970 y 1980. Su evaluación más reciente mantiene que la especie continúa fuera de los límites biológicos de seguridad y que el estado de explotación no puede determinarse con precisión por falta de datos completos.
Sobre esta base, los expertos recomiendan que todas las fuentes de mortalidad originadas por la pesca, incluidas las capturas de angulas con fines comerciales, recreativos o artesanales, se reduzcan a cero, al menos mientras no exista evidencia de recuperación sostenida. A este diagnóstico se suman organismos conservacionistas como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que cataloga a la anguila europea en la categoría de «en peligro crítico» desde hace años.
La Unión Europea, por su parte, ha ido endureciendo de forma progresiva las reglas aplicables a la especie. Entre otras medidas, ha establecido un cierre obligatorio de seis meses para la pesca de anguila en aguas marinas y continentales y ha vetado la pesca recreativa a escala comunitaria. Estas decisiones se han diseñado para reducir el esfuerzo pesquero en todo el ciclo de vida de la especie, aunque su aplicación práctica varía según el país.
En este contexto, el MITECO ha pedido al Comité Científico estatal que valore si procede dar un paso más y elevar el rango de protección en el marco jurídico español. El dictamen emitido apunta a que la tendencia regresiva de la especie persiste, que las medidas adoptadas hasta ahora no han conseguido revertirla y que, por tanto, se justifica su inclusión en la máxima categoría de amenaza. Esta posición ha servido de base para la propuesta que hoy se discute con las comunidades autónomas.
Sin embargo, la lectura de los datos no es idéntica en todas partes. Las administraciones regionales defensoras de la pesca artesanal de angulas señalan que, en sus ámbitos concretos, las regulaciones más duras han ido acompañadas de señales de mejora o, al menos, de estabilización, y reclaman que se tenga en cuenta la información local. Además, el sector argumenta que vedas totales aplicadas en otras zonas europeas no han demostrado, por sí solas, ser la solución mágica para recuperar la especie si no se actúa contra otros factores clave como las presas fluviales o la destrucción de estuarios.
Desigualdades entre países y el dilema de la competencia
Uno de los puntos que más irrita a las comunidades con flota angulera es la falta de homogeneidad en las medidas entre Estados miembros. Desde Asturias se subraya que Francia concentra en torno al 90% de las capturas comunitarias de angula y, sin embargo, mantiene todavía una actividad significativa, aunque sujeta también a crecientes restricciones y vedas en determinadas cuencas.
El ejemplo del río Miño ilustra bien esa sensación de agravio. En la ribera gallega, el posible cierre de la pesquería dejaría a los pescadores sin opción de capturar angula, mientras que, en la orilla portuguesa, aún se permite la actividad con determinadas limitaciones. Para los defensores de la pesca artesanal de pequeña escala, este tipo de situaciones genera asimetrías competitivas dentro de la propia Unión Europea y hace difícil explicar a las comunidades afectadas que el sacrificio nacional vaya a tener un efecto real sobre la conservación de la especie.
Países como Francia han anunciado cierres adicionales en cuencas sensibles, como las del Ródano, mientras que Portugal ha endurecido sus restricciones pero sigue sin plantear un veto total. Desde regiones españolas contrarias a la veda integral se insiste en que prohibir solo en España no basta si las rutas migratorias de la especie atraviesan aguas de varios países y el esfuerzo pesquero se desplaza a zonas con normas más laxas.
En este marco, el sector pesquero teme que un eventual cierre estatal de la pesquería de angulas acabe empujando el comercio hacia el mercado negro, aprovechando la elevada cotización de este producto, sin reducir de forma significativa la mortalidad total. Las cofradías advierten de que la falta de transparencia actual en las canales de comercialización ya permite que parte de las operaciones queden fuera de los registros oficiales, y temen que una prohibición total empeore el problema.
Frente a este argumento, las organizaciones conservacionistas replican que la prohibición es una condición necesaria, aunque no suficiente, para reconducir la situación de la anguila europea y que la cooperación internacional es el siguiente paso obligado. Aun así, el debate sigue abierto sobre cómo alcanzar una verdadera coordinación en un contexto en el que los intereses económicos y sociales difieren notablemente entre regiones.
Ecologistas y alta cocina: presión social a favor del cierre
Mientras las cofradías y los gobiernos regionales del noroeste y del sureste defienden la continuidad de la pesca artesanal de angulas bajo controles estrictos, el movimiento ecologista y parte del sector gastronómico se han alineado claramente con la idea de un parón total de la captura. Para estos actores, la prioridad absoluta es evitar que la especie siga acercándose al colapso.
Organizaciones ambientales recalcan que la anguila adulta ya está fuertemente limitada en muchos países y que permitir la captura de la angula —su fase juvenil— es incoherente si lo que se pretende es garantizar el reemplazo generacional. Desde este punto de vista, la pesquería de angulas estaría prácticamente colapsada y seguir autorizándola, aunque sea bajo cupos, dificulta la recuperación del stock.
En paralelo, parte de la élite culinaria española ha decidido tomar posición mediante campañas públicas. La asociación Euro-Toques España, que agrupa a numerosos cocineros de prestigio, ha impulsado una iniciativa bajo el lema «Angulas, no, gracias» para retirar voluntariamente este producto de sus cartas. A su juicio, la tradición gastronómica no puede servir de excusa para prolongar el uso de una especie que los organismos científicos consideran al borde del abismo.
Esta postura ha contado con el respaldo institucional del MITECO, que ve en los restauradores un aliado clave para cambiar hábitos de consumo y reducir la presión sobre la especie. La idea es que, si los grandes referentes de la cocina española renuncian a ofrecer angulas, disminuya la demanda y se frene también el atractivo económico del comercio ilegal.
Quienes se oponen a la veda total reconocen la preocupación ecológica, pero sostienen que la presión debería repartirse también entre otros sectores implicados en el deterioro de los ecosistemas donde vive la anguila. Reclaman un plan integral que incluya la eliminación o permeabilización de obstáculos en los ríos, la restauración de humedales y el refuerzo de la lucha contra el furtivismo, de manera que no se cargue exclusivamente sobre la pesca artesanal la responsabilidad de la recuperación.
El pulso en torno a la pesca artesanal de angulas resume un conflicto de fondo: cómo compatibilizar la protección urgente de una especie icónica, cuya situación preocupa seriamente a la comunidad científica, con la supervivencia de comunidades costeras que han vivido de esta pesquería durante generaciones y aseguran haber reducido su impacto al mínimo. Entre recomendaciones de «cero capturas», temores a cierres irreversibles y llamadas a una gestión más equilibrada y coordinada a escala europea, el futuro de esta actividad tradicional sigue en el aire, pendiente de decisiones políticas que deberán ponderar, sin excesos ni atajos, tanto la salud del ecosistema como la de quienes dependen de él para ganarse la vida.
