La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para el sector pesquero y las autoridades marítimas de medio mundo. Desde los puertos de Vigo y Fuerteventura hasta las patrullas del Atlántico Sur o los despachos de Bruselas, el debate ya no es si existe el problema, sino cómo frenarlo con herramientas eficaces, coordinadas y asumibles para todas las flotas.
Mientras el sector europeo reclama a la Comisión Europea más controles reales, sanciones y trazabilidad, distintos países están rearmando su marco legal y sus dispositivos de vigilancia. Al mismo tiempo, casos concretos de capturas irregulares y operaciones de control en el mar muestran que la lucha contra la pesca ilícita ya no es una discusión teórica, sino un pulso diario por la sostenibilidad y la soberanía sobre los recursos.
Bruselas, en el punto de mira: el sector gallego clama contra la pesca ilegal
En Europa, y muy especialmente en Galicia, la sensación es clara: la pesca ilegal es vista como el principal enemigo de una industria que lleva años adaptándose a exigentes normas ambientales, de control y laborales. En varias ocasiones, el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, ha validado investigaciones periodísticas que denunciaban licencias operativas concedidas a buques con historial dudoso para colocar pescado en el mercado europeo.
Aunque desde Bruselas se repite el mensaje de que los controles contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) son «esenciales», el sector denuncia que no se están dando los pasos políticos que reclaman armadores e industria. Asociaciones como la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), la patronal conservera Anfaco y la feria Conxemar piden, sin fisuras, sanciones claras contra flotas reincidentes —con especial mención a la flota china—, el mismo rigor para todos los operadores y un control efectivo en los puertos considerados auténticos coladeros de producto sin trazabilidad fiable.
En la última edición del foro Galicia Market Place Mar, celebrado en el Círculo de Empresarios, representantes del sector insistieron en que la Unión Europea necesita avanzar hacia una unión aduanera de verdad, y no solo comercial, que permita homogeneizar y coordinar las medidas frente a la entrada de pescado INDNR en el mercado comunitario. La preocupación no es solo ambiental: también se habla de competir en inferioridad frente a países con normativas mucho más laxas en materia laboral, sanitaria o de protección del medio marino.
Desde la Cooperativa de Armadores se ha criticado igualmente la falta de autocrítica comunitaria ante el fracaso de la actual Política Pesquera Común en términos de rentabilidad de la flota, así como los recortes previstos en los fondos que sucederán al Fempa. Según los representantes del sector, hay una clara contradicción entre exigir más sostenibilidad a la flota europea, recortar ayudas y, al mismo tiempo, permitir la entrada de producto procedente de caladeros donde las reglas son mínimas o inexistentes.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, junto a directivos de la industria transformadora, subrayó la importancia de garantizar un “level playing field”, es decir, una competencia realmente justa. El temor de fondo es repetir el patrón de otros sectores, como el tecnológico, en los que Europa ha acabado dependiendo casi por completo de proveedores externos. Con flotas potentes como las de China, Tailandia o Ecuador ganando peso en los caladeros internacionales, el riesgo de dependencia alimentaria y de pérdida de control sobre los recursos pesqueros se percibe como algo cada vez más tangible.
Frente a ese escenario, la industria gallega reclama también que se ponga en valor el papel económico y social de la pesca legal y regulada: capacidad para fijar población en zonas costeras, creación de empleo estable y cualificado, impulso a la innovación tecnológica y trazabilidad completa de las capturas. Una de las claves que se apunta como imprescindible es el asociacionismo y el trabajo conjunto entre distintos eslabones de la cadena mar-industria, algo que, reconocen los propios actores, no siempre ha sido habitual.
España y el control sobre las capturas: el caso del atún rojo en Fuerteventura
Más allá de los grandes debates en Bruselas, la lucha contra la pesca ilegal también se materializa en actuaciones muy concretas sobre el terreno. Un ejemplo reciente se ha dado en Fuerteventura, donde la Guardia Civil intervino poco más de 126 kilos de atún rojo (Thunnus thynnus) capturados presuntamente de forma ilícita y destinados, según los indicios, a la venta clandestina.
Los hechos tuvieron lugar durante un dispositivo de vigilancia preventiva en la costa este de la isla. En una pista de tierra de acceso complicado cercana al litoral, los agentes localizaron un todoterreno cuya presencia consideraron sospechosa. Al proceder a su identificación e inspeccionar el interior, encontraron grandes piezas de un atún rojo recién despiezado, junto a cuchillos y herramientas profesionales de corte, material claramente vinculado a la pesca de altura.
Los ocupantes del vehículo reconocieron haber capturado el ejemplar pocas horas antes, pero no pudieron exhibir la autorización exigida para la pesca recreativa de esta especie. El atún rojo está sometido a un estricto régimen internacional de cuotas y temporadas precisamente por su vulnerabilidad, y cualquier captura fuera de este marco o sin documentación constituye una infracción grave.
La gravedad del caso se agrava por los indicios de que el pescado iba a entrar en el circuito comercial, algo tajantemente prohibido en el ámbito de la pesca recreativa. Introducir una captura de ese volumen en el mercado sin controles sanitarios ni trazabilidad supone una competencia desleal frente a los operadores que cumplen la normativa y un posible riesgo para la salud pública.
Tras el hallazgo, la Guardia Civil trasladó la carne del atún a instalaciones oficiales para su pesaje exacto —126,15 kilos— y el producto quedó bajo custodia administrativa a la espera de que la autoridad competente determine su destino final y la cuantía de las sanciones. En total, se notificaron nueve infracciones administrativas, encuadradas en un marco sancionador en el que las multas por pesca marítima pueden ir desde cantidades moderadas hasta los 300.000 euros en los casos considerados muy graves.
Las autoridades recuerdan que la captura de atún rojo en Canarias es una de las actividades más vigiladas por la Guardia Civil y el Seprona, precisamente por su alta sensibilidad ambiental y económica. El mensaje es claro: actuar fuera de la ley no solo implica la pérdida del pescado y de las herramientas utilizadas, sino un impacto directo en la sostenibilidad de los recursos marinos y un coste económico que puede ser devastador para quienes se arriesgan a infringir la normativa.
Vigilancia internacional: control de flotas extranjeras y presión en la milla 201
La preocupación por la pesca ilegal no es exclusiva de Europa. En el Atlántico Sur, por ejemplo, la presión de flotas extranjeras de aguas distantes en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) se ha vuelto un tema de máxima prioridad para las autoridades del país. Allí, la imagen de cientos de luces de barcos en la llamada milla 201 —justo fuera del límite de jurisdicción— se ha normalizado, especialmente por la actividad de buques poteros dirigidos al calamar Illex.
Sin embargo, análisis recientes advierten de un fenómeno quizá menos visible, pero de gran calado estratégico: el crecimiento sostenido de arrastreros extranjeros en esa zona adyacente a la ZEEA. Estos buques, menos selectivos que los poteros, no solo capturan calamar, sino también especies transzonales como merluza o abadejo, que tienen un valor comercial muy relevante para la flota argentina y cuyos stocks se gestionan dentro de la jurisdicción nacional mediante planes de manejo y seguimiento científico.
Según relevamientos citados por especialistas en control marítimo, el número de arrastreros en la milla 201 habría aumentado alrededor de un 70% entre 2020 y 2026. Además, se detecta una marcada concentración empresarial y uso de banderas de conveniencia. Cerca de la mitad de la flota estaría vinculada a compañías chinas, muchas veces operando con registros de países como Vanuatu, Tanzania o Kenia. También se mencionan empresas españolas que operan con bandera propia o bajo registros asociados a las islas Malvinas, situación que Argentina no reconoce soberanamente.
Uno de los elementos más delicados es el incremento de aproximaciones excesivas y presuntas incursiones dentro de aguas de jurisdicción argentina durante maniobras compatibles con actividad pesquera: cambios de rumbo, virado de redes o patrones de navegación sospechosos. Para responder a este desafío, la Prefectura Naval Argentina ha reforzado sus sistemas de vigilancia con evidencia digital, información AIS, imágenes satelitales y herramientas de inteligencia artificial capaces de interpretar comportamientos anómalos en tiempo casi real.
En ese contexto, se han aprobado normativas específicas que fijan parámetros técnicos para identificar velocidades, rutas y conductas de navegación compatibles con posible pesca ilegal dentro de la ZEEA. Esta “inteligencia marítima” ha permitido sancionar a arrastreros sospechosos, como algunos buques con bandera de Vanuatu, a partir del análisis minucioso de sus trayectorias electrónicas, incluso sin necesidad de abordar físicamente todas las embarcaciones implicadas.
La proliferación de banderas de conveniencia contribuye a complicar aún más el control. Cambios frecuentes de nombre y pabellón, manipulación o apagado deliberado de los sistemas AIS y estructuras empresariales opacas dificultan seguir la pista a barcos y empresas. Aunque parte de estas operaciones se desarrollan en aguas internacionales, el uso de artes como redes de arrastre de fondo genera preocupación adicional por sus posibles efectos en ecosistemas vulnerables y en especies asociadas a la plataforma continental extendida.
El mensaje que se desprende de estos informes es que el control marítimo moderno ya no puede basarse únicamente en la presencia física de patrulleros o en la revisión documental puntual. Hoy resulta imprescindible reconstruir trayectorias, interpretar patrones de comportamiento y anticipar actividades ilícitas mediante el cruce de grandes volúmenes de datos, algo que también se está empezando a aplicar en otras regiones del mundo.
Reacción global: marcos legales más duros y sistemas electrónicos de trazabilidad
Paralelamente a lo que sucede en Europa y América del Sur, varios países asiáticos están intensificando sus esfuerzos para frenar la pesca INDNR y responder a las exigencias de los principales mercados internacionales. Gobiernos y autoridades regionales están reforzando su legislación, creando comités nacionales de alto nivel contra la pesca ilegal y desplegando sistemas electrónicos para seguir de cerca la actividad de sus propias flotas.
En algunos casos, estas estructuras dependen directamente del primer ministro o de vicepresidentes de gobierno y reúnen a representantes de ministerios clave: Defensa, Seguridad Pública, Exteriores, Justicia, Finanzas, Industria y Comercio, además de organismos de inspección y autoridades provinciales costeras. Su función principal es asesorar sobre las grandes decisiones estratégicas, coordinar a los distintos sectores implicados y asegurarse de que las soluciones adoptadas se ajustan a acuerdos y prácticas internacionales.
Entre las medidas que se están poniendo en marcha destacan la revisión y endurecimiento de los marcos legales para cerrar cualquier resquicio aprovechable por la pesca ilegal, la regulación más estricta de los sistemas de seguimiento de buques (VMS) y del tratamiento de las embarcaciones que desactivan o manipulan estos dispositivos, o que operan sin licencias, sin registro o fuera de los requisitos operativos vigentes.
A nivel local, muchos gobiernos regionales están obligando a que todos los buques estén debidamente registrados y marcados, controlando de cerca los puntos de amarre, catalogando las embarcaciones que no cumplen los requisitos y prohibiendo de forma tajante su salida a faenar. Paralelamente, se plantean planes de reconversión laboral para los pescadores que se vean afectados por reducciones de flota o cambios de uso de los barcos, con el fin de evitar que la presión económica empuje de nuevo hacia la ilegalidad.
Otra de las apuestas fuertes es la utilización de sistemas electrónicos de documentación de capturas, como plataformas eCDT, que permiten gestionar en línea la emisión de certificados de origen de productos del mar y controlar de forma centralizada la entrada y salida de buques en los puertos. En algunas provincias se ha alcanzado ya un porcentaje de uso de estas herramientas cercano al 100% en las embarcaciones de mayor eslora, lo que facilita demostrar el origen legal de las capturas ante mercados exigentes como el europeo.
En paralelo al refuerzo normativo, se multiplican las iniciativas de formación y sensibilización dirigidas a los propios pescadores. Por ejemplo, se han organizado juicios simulados basados en casos reales de explotación ilegal de recursos marinos en aguas extranjeras, donde se explican las sanciones que se pueden imponer a quienes desconectan los sistemas de seguimiento, alteran la identificación de los barcos o participan en operaciones organizadas de pesca ilegal fuera de la jurisdicción nacional.
Estos ejercicios, que congregan a pescadores y residentes de comunidades costeras, sirven para exponer de manera directa las consecuencias legales, económicas y sociales de la pesca INDNR. Las autoridades aprovechan estos foros para insistir en que el cumplimiento de la normativa y el mantenimiento de una buena reputación como país exportador son condiciones indispensables para conservar el acceso a mercados clave y evitar medidas restrictivas por parte de organismos internacionales.
El mosaico de actuaciones que se observa en Europa, América del Sur y Asia refleja un escenario en el que la pesca ilegal se percibe como una amenaza transversal: socava la sostenibilidad de los caladeros, distorsiona la competencia, alimenta economías sumergidas y pone en cuestión la soberanía de los Estados sobre sus aguas. Entre peticiones de mayor firmeza a Bruselas, operativos de control en lugares como Fuerteventura, vigilancia intensiva en puntos calientes como la milla 201 y la implantación de complejos sistemas electrónicos de trazabilidad, el combate contra la pesca INDNR avanza hacia un modelo basado en más datos, más coordinación y menos margen para la opacidad en el mar.
