La lucha europea contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada vuelve a estar en el foco tras un análisis que cuestiona la eficacia de algunos controles en frontera dentro del mercado único. Según la Fishing Coalition, las diferencias entre Estados miembros permiten que determinados operadores identifiquen puertos de entrada más permeables para colocar sus productos en la UE.
En ese contexto, España destaca por la severidad de sus inspecciones y por el impulso de una nueva ley de control, mientras que Galicia consolida a Vigo como punto neurálgico de formación internacional para frenar estas prácticas. Todo ello sucede en un momento en que la Comisión y parte del sector reclaman consistencia y transparencia reales.
Controles desiguales en la UE exponen el mercado europeo
El informe de la Fishing Coalition —integrada por EJF, Oceana, The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts y WWF UE— revisa la aplicación del reglamento europeo contra la pesca ilegal entre 2020 y 2023 y concluye que varios países han incumplido incluso los controles más básicos sobre importaciones pesqueras.
Los datos ilustran un problema persistente: en 2022 y 2023, Italia verificó un único certificado de captura por año, mientras que Portugal revisó cinco anuales entre 2020 y 2023, rechazando apenas dos envíos. Este comportamiento reduce la capacidad de la UE para filtrar capturas de origen ilícito.
La legislación de la Unión obliga a inspeccionar al menos el 5% de las descargas procedentes de terceros países. Sin embargo, la coalición alerta de incumplimientos en Países Bajos, Polonia, Dinamarca y Lituania durante el periodo analizado; en particular, Países Bajos y Polonia suscitan especial preocupación, y Dinamarca cayó por debajo del umbral en 2023.
El resultado es un efecto llamada: actores sin escrúpulos aprovechan los puntos de control más laxos para introducir productos que podrían estar asociados a delitos medioambientales y abusos laborales, socavando la competencia leal y la trazabilidad efectiva.
Frente a ese escenario, contrasta la posición de Estados con mayor rigor, como España e Irlanda, con tasas de verificación que superan el 70% y el 30%, respectivamente. Estas diferencias, según el informe, desnivelan el terreno de juego dentro del propio mercado europeo.
España aprieta el paso con una nueva ley y más transparencia
La tramitación de una nueva ley española de control pesquero, alineada con las normas comunitarias, refuerza inspecciones, rendición de cuentas y sanciones, con el objetivo de impedir la entrada de productos de origen ilegal en el mercado europeo, independientemente del lugar de captura.
Seis organizaciones —ClientEarth, Ecologistas en Acción, EJF, Oceana, SEO/BirdLife y WWF— consideran el texto una oportunidad para consolidar el liderazgo de España, pero advierten de un punto ciego: identificar y publicar quién es el titular real de los buques y empresas, más allá del propietario legal. Investigaciones de Oceana apuntan a que un 23% de barcos de fuera de la UE pero de propiedad española podrían estar registrados en jurisdicciones de riesgo, a menudo con baja transparencia.
- Identificar y publicar los titulares reales de las embarcaciones pesqueras.
- Ampliar el alcance a barcos con bandera extranjera pero de propiedad española.
- Otorgar poder sancionador frente a los beneficiarios reales implicados en pesca ilegal u otros delitos.
- Asegurar acceso público a la información de titularidad real para supervisión efectiva.
Desde el ámbito técnico, las ONG sostienen que mayor transparencia protege a la flota cumplidora, refuerza la reputación del sector y facilita a las autoridades distinguir entre operadores legítimos y quienes se amparan en estructuras opacas para eludir responsabilidades.
Vigo se consolida como centro de formación contra la pesca INDNR
En el puerto de Vigo concluyó un curso de fortalecimiento de capacidades sobre el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (Amerp), clave para bloquear el acceso a puertos a buques que practican pesca ilegal. La iniciativa, desarrollada a bordo del buque Intermares, reunió a la Xunta, la FAO, la Autoridad Portuaria de Vigo y la Fundación MarInnLeg.
El programa incluyó 10 módulos, 34 horas prácticas, 65 teóricas y 15 magistrales, con la participación de profesionales de países africanos y expertos de la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA), la FAO y la administración española. Esta apuesta consolida a Vigo como training hub para África y América Latina, con impacto directo en la vigilancia portuaria.
El Amerp es el primer tratado internacional vinculante centrado en la pesca INDNR: cuenta con 79 partes de 105 Estados y busca impedir que los buques infractores utilicen los puertos para desembarcar capturas, reduciendo incentivos y frenando la entrada de productos ilícitos en los mercados.
Un panorama europeo con controles irregulares, una ley española que avanza hacia la transparencia plena y un polo formativo en Vigo apuntan a la misma dirección: cerrar lagunas, armonizar inspecciones y asegurar que la UE no se convierta en vía de entrada de pescado ilegal ni de actividades asociadas.
