La licencia interautonómica de caza y pesca se ha consolidado como una herramienta clave para quienes se desplazan con frecuencia entre distintas comunidades, al permitir practicar estas actividades en varios territorios con un único permiso y una sola tasa anual.
Tras la firma del nuevo convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y diez comunidades autónomas, el sistema da un salto cualitativo respecto al marco anterior de 2017, al incorporar regiones tan relevantes como Andalucía y Castilla-La Mancha, muy demandadas por cazadores y pescadores de toda España.
Qué es la licencia interautonómica y qué territorios abarca
Esta licencia permite a las personas cazadoras y pescadoras utilizar un solo documento para desarrollar su actividad en las comunidades adheridas al acuerdo, sin necesidad de tramitar autorizaciones independientes en cada autonomía ni duplicar pagos de tasas.
El convenio vigente vincula a un total de diez comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia, lo que en la práctica abre un mapa muy amplio de terrenos cinegéticos y masas de agua continentales.
Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la licencia interautonómica es válida para la caza y para la pesca en aguas interiores en todo el ámbito geográfico de las comunidades firmantes, si bien cada persona usuaria debe seguir acatando la normativa concreta de la región en la que se encuentre.
Es importante subrayar que esta autorización no elimina las licencias autonómicas tradicionales: quienes solo cazan o pescan en una comunidad concreta pueden seguir usando el permiso propio de su territorio, mientras que la interautonómica se plantea como una opción especialmente interesante para quienes cruzan con frecuencia de una región a otra.
Andalucía y Castilla-La Mancha se suman al sistema por primera vez
Uno de los cambios más señalados por el sector es la incorporación de Andalucía y Castilla-La Mancha, dos autonomías que no formaban parte del convenio aprobado en 2017 y que ahora se añaden a un bloque donde ya estaban Castilla y León, Aragón, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Asturias y Murcia.
En términos cinegéticos, la entrada de estas dos regiones supone un paso muy relevante porque concentran un gran número de aficionados y una superficie de cotos y terrenos de caza especialmente atractivos, lo que multiplica el interés práctico de la licencia interautonómica para miles de usuarios.
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha puesto el foco en que esta adhesión puede impulsar la movilidad de cazadores y pescadores y, con ello, favorecer la actividad económica ligada al turismo cinegético y a la pesca recreativa en el medio rural de la región.
Al mismo tiempo, la Junta ha recordado que los residentes en Castilla-La Mancha seguirán pudiendo obtener gratuitamente su licencia autonómica para practicar la caza y la pesca dentro del territorio regional, lo que mantiene una ventaja específica para los castellanomanchegos sin renunciar a las posibilidades que abre el nuevo modelo compartido.
Coste, duración y requisitos de la licencia interautonómica
El acuerdo fija un precio uniforme de 70 euros para la licencia de caza interautonómica y de 25 euros para la de pesca en aguas continentales, manteniendo así las referencias económicas que ya se venían aplicando en el marco anterior.
Ambas modalidades de licencia tienen una vigencia de un año desde su expedición, de modo que quienes la obtengan podrán desplazarse por todos los territorios adheridos durante doce meses, siempre que cumplan las normas específicas de cada comunidad autónoma.
Para solicitar el permiso es necesario no estar inhabilitado para cazar o pescar y, en el caso de los nuevos aficionados, contar con la acreditación formativa exigida por la comunidad de referencia, como el examen del cazador o el sistema equivalente que marque cada administración.
Sigue siendo obligatorio disponer, cuando corresponda, de un seguro de responsabilidad civil en vigor, así como cumplir con cualquier requisito adicional que pueda fijar la normativa autonómica (por ejemplo, documentación específica, edad mínima u otras condiciones particulares).
Menos burocracia, más coordinación entre comunidades
Uno de los objetivos centrales del convenio es la simplificación administrativa: reducir el número de trámites que debe realizar una misma persona para practicar la caza o la pesca en distintas autonomías y evitar la duplicación de gestiones que, hasta ahora, resultaban engorrosas para muchos usuarios.
Al sustituir el marco legal de 2017, el nuevo acuerdo amplía el ámbito de aplicación de la licencia interautonómica y refuerza la coordinación técnica y económica entre las administraciones implicadas, lo que se traduce en procedimientos más ágiles y homogéneos.
El sistema establece, además, que las inhabilitaciones por infracciones cometidas en una comunidad se trasladen automáticamente al resto de territorios incluidos, de modo que una sanción no se limite a los límites administrativos de una sola autonomía.
Esta coordinación facilita una gestión más coherente de la caza y la pesca a escala suprarregional y contribuye a evitar situaciones en las que una persona vetada en una comunidad pudiera seguir obteniendo permisos en otra sin que se conociera su situación.
La plataforma Licicaz-web: el soporte tecnológico del sistema
La operatividad del nuevo modelo descansa en Licicaz-web, una plataforma digital desarrollada y mantenida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, concebida para centralizar e intercambiar información entre las autonomías que participan en el convenio.
Gracias a esta herramienta, los servicios técnicos de las comunidades pueden gestionar en tiempo real altas, bajas y renovaciones de licencias, comprobar si se cumplen los requisitos y consultar el historial administrativo de cada persona usuaria de forma rápida.
Licicaz-web permite también el intercambio automático de datos sobre inhabilitaciones y otras incidencias, lo que refuerza el control, mejora la trazabilidad de las licencias y evita duplicidades o contradicciones entre registros autonómicos.
Desde el Ministerio se subraya que esta infraestructura digital contribuye tanto a la eficiencia en el uso de los recursos públicos como a reforzar un modelo de gestión que intenta ser más sostenible y adaptado a la realidad del medio rural, donde estas actividades tienen un peso social y económico importante.
Con la puesta en marcha del nuevo convenio y la suma de diez comunidades, la licencia interautonómica de caza y pesca se afianza como una herramienta que reduce papeleo, amplía las posibilidades de desplazamiento y mejora la coordinación administrativa, a la vez que mantiene las competencias propias de cada autonomía y refuerza los mecanismos de control y sostenibilidad en el uso de los recursos naturales.