Este resultado se ha alcanzado después de que la Unión Europea cerrara un paquete global sobre límites de capturas y esfuerzo pesquero en aguas comunitarias. El pacto fija no solo los días de trabajo en el Mediterráneo occidental, sino también los totales admisibles de captura (TAC) y posibilidades de pesca en el Atlántico, el Mar del Norte y otras zonas, con implicaciones directas para la flota española.
De una propuesta de 9,7 días a conservar los 143 días de faena
La gran clave del acuerdo reside en que la Comisión Europea partía de una propuesta de tan solo 9,7 días de pesca al año para la flota de arrastre mediterránea en 2026. Sobre la mesa estaba, por tanto, un recorte de más del 60 % respecto al escenario de referencia que la propia Bruselas había barajado inicialmente para 2025 y que, en la práctica, habría dejado a buena parte de la flota al borde de la inviabilidad económica.
Según ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la negociación ha sido “más difícil” que en ejercicios anteriores precisamente por ese punto de partida, que el Gobierno español consideraba “de otro planeta”. La delegación de España, apoyada por Francia e Italia, defendió que un límite tan bajo no era asumible ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista de la gestión real de un caladero multiespecie.
Tras dos jornadas maratonianas de reuniones en Bruselas, las discusiones se alargaron hasta la madrugada. Durante buena parte de la noche, los Estados miembros apenas habían alcanzado un techo de unos 90 días de esfuerzo, y no fue hasta las últimas horas cuando se dio el salto hasta los 143 días finales, que coinciden con los que la flota ha disfrutado este 2025.
Medidas de selectividad y compensación: se consolidan, pero no se endurecen
El mantenimiento de esos 143 días ha sido posible gracias a las medidas de compensación y selectividad que el sector empezó a aplicar en los últimos años. Entre ellas destacan el uso de mallas con luz mayor para permitir la huida de ejemplares pequeños, la introducción de puertas voladoras en el arrastre para minimizar el contacto con el fondo marino y la implantación de vedas espaciales y temporales en determinadas zonas y profundidades.
De acuerdo con la versión del Ministerio de Agricultura y Pesca, no se exigirán nuevas medidas selectivas adicionales para alcanzar esos 143 días, sino que bastará con mantener las que ya están vigentes desde el año pasado. El compromiso europeo pasa por seguir utilizando el llamado mecanismo de compensación, que permite otorgar días extra a las embarcaciones que introducen mejoras técnicas o que se acogen a medidas de conservación a nivel nacional.
Estas herramientas se usan, según el Consejo, para aliviar el impacto socioeconómico de los recortes de esfuerzo a corto plazo y a la vez premiar las prácticas más sostenibles. En la práctica, han sido determinantes para pasar de una actividad teórica muy limitada a un calendario de trabajo que el sector sigue considerando ajustado, pero compatible con la continuidad de buena parte de la flota.
El ministro Planas ha destacado que las actuaciones introducidas en los últimos años ya se están traduciendo en una “notable mejoría de los stocks” en el Mediterráneo, algo que también subraya el Consejo Europeo en su comunicado, al señalar que el acuerdo combina el asesoramiento científico con la protección de las poblaciones más vulnerables.
Un pacto con sabores distintos según la costa: Mediterráneo, Andalucía y resto de España
La reacción del sector y de los gobiernos regionales ha sido muy dispar. Para buena parte de la flota mediterránea española, que partía del temor a un recorte drástico, el mantenimiento de los 143 días se percibe como un “éxito” dentro de un contexto complicado. Desde la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores se ha resaltado que se ha pasado de una propuesta de menos de diez días de mar a conservar el nivel de actividad actual.
La sensación es igualmente agridulce en otros territorios mediterráneos, donde se reconoce el papel negociador del Ministerio y el frente común con Francia e Italia, pero se insiste en que el número de días se queda corto respecto a los umbrales de rentabilidad que el propio sector sitúa claramente por encima de esos 143 días. En paralelo, se reclama desde varias administraciones autonómicas una revisión profunda del reglamento europeo que regula la gestión del Mediterráneo.
Uno de los puntos que se pretende cambiar es el criterio por el que la Comisión basa sus propuestas iniciales en la especie en peor situación biológica dentro de un caladero donde conviven numerosas especies. El Gobierno español ha subrayado que este enfoque “ata” técnicamente las ofertas de la Comisión y fuerza negociaciones extremas cada año, pese a que buena parte de las poblaciones objetivo está mostrando signos claros de recuperación.
Restricciones por profundidad y continuidad de la gamba roja
El acuerdo no solo fija los días de faena, sino también determinadas limitaciones técnicas ligadas a la profundidad y a especies concretas. Entre las decisiones adoptadas figura el cierre permanente de la pesca de arrastre de gamba roja en fondos situados a menos de 600 metros de profundidad, una medida que busca reducir la presión sobre los ecosistemas más sensibles y que afecta de lleno a la gamba roja.
Además, se mantiene un veto general a la pesca de arrastre por debajo de los 800 metros, lo que ya venía aplicándose como salvaguarda de los hábitats más profundos. Al mismo tiempo, para el Mediterráneo occidental los ministros han decidido conservar para 2026 el nivel de esfuerzo pesquero de 2025 en aguas españolas, francesas e italianas, lo que implica mantener los límites actuales de captura de gamba azul y roja.
En el caso concreto de la flota española, el Ministerio ha incidido en que la cuota de gamba roja se mantiene en los volúmenes fijados el año anterior, pese a que no se ha producido el incremento que algunos segmentos del sector esperaban. Esta estabilidad se interpreta como un pequeño balón de oxígeno tras varios ejercicios de ajustes.
Las autoridades comunitarias han defendido que este tipo de decisiones técnicas, unidas a las mejoras en las artes de pesca, deben permitir reducir la mortalidad de peces y, a la vez, contener el impacto social y económico en las comunidades que dependen de la pesca de arrastre en el Mediterráneo.
El encaje del Mediterráneo en el gran paquete europeo de TAC y cuotas
El acuerdo de los 143 días no llega de forma aislada, sino como parte del tradicional paquete anual de totales admisibles de captura (TAC) y posibilidades de pesca que aprueba el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE. Para 2026 se han fijado límites para las principales poblaciones comerciales en el Atlántico, Mar del Norte, Mediterráneo y Mar Negro, y para algunas especies las decisiones se extienden incluso a 2027 y 2028.
En el Atlántico, donde las cuotas se asignan por volumen de capturas y no por días de mar, el resultado es más desigual para la flota española. Hay reducciones relevantes en especies como el lenguado y el abadejo, aunque finalmente esas bajadas han quedado por debajo de lo que planteaba al principio la Comisión. Por el contrario, se han logrado aumentos en especies de alto valor comercial como el gallo, y se mantienen o mejoran las posibilidades para merluza sur, boquerón y anchoa.
En el Golfo de Cádiz, el acuerdo incluye un fuerte incremento de la cuota de boquerón, al reconocerse la recuperación de esa pesquería en el conjunto del Atlántico oriental, mientras que la cigala sufre recortes significativos que preocupan a la flota de la zona. En paralelo, se han introducido ajustes menores en especies como el rape o el abadejo en diferentes áreas atlánticas.
Este conjunto de decisiones tiene un impacto directo sobre cientos de embarcaciones españolas y miles de puestos de trabajo, especialmente en puertos como La Caleta de Vélez, Motril, Almería, Punta Umbría, Isla Cristina o Barbate, entre otros, donde la pesca continúa siendo una actividad estratégica tanto desde el punto de vista económico como social.
El acuerdo sellado en Bruselas permite a la flota mediterránea española conservar sus 143 días de actividad en 2026 y gana tiempo para que se consoliden los efectos de las medidas de selectividad ya en marcha, mientras el conjunto del sector se adapta a un nuevo reparto de cuotas en el Atlántico. El equilibrio entre sostenibilidad y supervivencia económica sigue siendo delicado, pero el pacto evita, al menos por ahora, el escenario de recorte extremo que habría puesto contra las cuerdas a buena parte de la pesca de arrastre en España y en el resto del Mediterráneo occidental.
