La muerte masiva de peces en las piscifactorías situadas frente a Melenara, en Telde, se ha convertido en uno de los episodios ambientales más controvertidos de los últimos tiempos en la costa este de Gran Canaria. Miles de toneladas de lubina aparecieron sin vida en las jaulas marinas, obligando a poner en marcha investigaciones penales, inspecciones técnicas y análisis científicos para intentar aclarar qué ha ocurrido realmente.
El giro institucional: la acuicultura queda, de momento, fuera del foco
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha querido marcar posición en este complejo escenario. En declaraciones públicas recientes, recordó que la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias realizó una inspección específica a las granjas marinas situadas frente al litoral de Telde, concluyendo que las instalaciones se encuentran «en estado óptimo» y que, de acuerdo con ese informe, la actividad acuícola no sería la responsable directa del episodio de mortandad.
Este pronunciamiento institucional despeja en buena medida la sospecha sobre la empresa acuícola, al menos en lo que respecta al origen del posible vertido. La compañía había quedado inicialmente en el centro del debate por ser la principal afectada y la primera en dar la voz de alarma, pero las conclusiones preliminares de la inspección de Pesca la deslindan, por ahora, de la autoría del suceso contaminante.
Morales ha insistido en que es imprescindible aclarar qué produjo exactamente el vertido que afectó a los peces de las jaulas, subrayando que el informe que prepara la Fiscalía de Medio Ambiente debe «transparentar lo que ha sucedido». La referencia reiterada a un emisario cercano a las instalaciones ha hecho que muchas miradas se desvíen hacia las infraestructuras de saneamiento bajo responsabilidad municipal, aunque sin señalar de forma expresa a ningún ayuntamiento.
En la práctica, el mensaje político es claro: si la acuicultura no falla y se mantiene que hubo un vertido, alguien deberá asumir qué pasó con ese emisario, en qué condiciones estaba y por qué terminó afectando a las jaulas. Todo ello, a la espera de que se conozcan conclusiones oficiales.
La denuncia inicial y las consecuencias económicas
El origen público de este caso se sitúa en la denuncia presentada por la empresa acuícola Aquanaria, que explota jaulas marinas frente a Melenara y otros puntos de la costa teldense. La compañía comunicó a las autoridades la presencia de un vertido «extraño y de apariencia química» procedente de un emisario cercano a sus jaulas, que habría desencadenado una mortandad masiva de peces.
Según la empresa, murieron alrededor de 2.500 toneladas de lubina, con unas pérdidas económicas que se cifran en torno a los 30 millones de euros. La magnitud del daño obligó a activar protocolos de precaución en la costa, con el cierre temporal de varias playas del municipio de Telde y de otras zonas del litoral oriental de Gran Canaria, en tanto se analizaban muestras de agua y arena.
A raíz de esa denuncia, la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas abrió diligencias el 17 de octubre, con el objetivo de determinar la causa, el origen y la posible autoría del vertido. El Ministerio Público encargó al Seprona de la Guardia Civil la práctica de las pesquisas necesarias, y reclamó a los ayuntamientos afectados que remitieran los resultados de los análisis realizados, así como la información sobre el cierre y reapertura de las zonas de baño.
Mientras tanto, la crisis ambiental se trasladó al terreno político y social, con debates sobre el peso de la acuicultura en la costa de Telde, la idoneidad de los emisarios submarinos, la gestión de las aguas residuales y el impacto sobre la imagen turística de la zona. Sin una versión definitiva sobre el origen del problema, cada nuevo informe técnico ha ido añadiendo matices a un relato que sigue incompleto. El impacto sobre la imagen turística fue uno de los efectos más debatidos en foros locales.
Las condiciones de trabajo en las jaulas: una denuncia que levanta ampollas
Paralelamente al frente ambiental y económico, el caso ha abierto otro flanco delicado: la seguridad laboral y la gestión sanitaria dentro de las piscifactorías de Telde. Un buzo profesional, licenciado en Biología y Acuicultura, presentó una denuncia formal en la que sitúa a las jaulas marinas de Melenara y la zona de Origen (Tufia) en el centro de un presunto incumplimiento reiterado de la normativa de prevención de riesgos laborales.
En ese escrito, fechado el 7 de septiembre de 2025, el denunciante describe cómo el personal encargado de retirar la elevada mortandad de peces -en ocasiones, hasta cinco toneladas diarias de ejemplares muertos– habría sido obligado a entrar en las jaulas y manipular cadáveres en avanzado estado de descomposición, con contacto directo con vísceras y restos orgánicos, sin equipos de protección individual adecuados ni formación específica.
La denuncia recuerda que estos trabajos se desarrollaron en semanas y meses previos al gran episodio de contaminación de octubre, lo que apunta a que ya existía previamente un problema de mortandad relevante en las piscifactorías de Melenara. De hecho, el buzo sostiene que los episodios de retirada masiva de peces muertos se habría repetido en agosto y septiembre, sin que se aplicaran protocolos de bioseguridad acordes a la situación.
El biológo acuícola asegura que la empresa no facilitó medios efectivos de desinfección tras el manejo de los cadáveres, ni habría comunicado con claridad los riesgos asociados a estas tareas, ni acreditado la existencia de un plan específico de prevención frente a riesgos biológicos, pese a tratarse de una actividad de alto riesgo sanitario.
Más allá del conflicto laboral, esta denuncia introduce un elemento clave en el debate: la posible persistencia de problemas internos en las jaulas con anterioridad al vertido que la empresa atribuye a un origen externo. La compañía, sin embargo, habría declinado pronunciarse sobre estas mortandades previas cuando fue consultada por el medio digital que sacó a la luz el caso.
Agentes biológicos y riesgos para la salud de los trabajadores
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia laboral es la identificación de un agente biológico concreto en el entorno de trabajo: Lactococcus sp., un patógeno zoonótico clasificado como Agente Biológico del Grupo 2 según el Real Decreto 664/1997, que regula la protección de los trabajadores frente a la exposición a agentes biológicos en el trabajo.
De acuerdo con la legislación aplicable, la presencia de este tipo de microorganismos obliga a activar medidas estrictas de evaluación de riesgos, información, formación, provisión de equipos de protección adecuados y vigilancia específica de la salud de los empleados potencialmente expuestos.
El denunciante advierte de que la exposición prolongada y sin protección a este patógeno podría conllevar consecuencias clínicas graves, como endocarditis, bacteriemias, abscesos o infecciones osteoarticulares, patologías documentadas en humanos asociadas a este grupo de agentes biológicos. En su relato, la falta de protocolos claros y de equipos adecuados habría incrementado de forma innecesaria el riesgo sanitario para los trabajadores.
Según su versión, la empresa no comunicó formalmente a la plantilla el alcance de estos riesgos, ni habría implementado un sistema de bioseguridad robusto pese a la reiteración de episodios de mortandad. La ausencia de un plan de prevención específico frente a riesgos biológicos en un contexto de manipulación intensiva de peces muertos es uno de los elementos que, a su juicio, vulnera la normativa básica en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El documento sostiene que esta situación no sería un hecho aislado, sino una práctica mantenida durante al menos tres años, lo que multiplicaría el alcance del posible incumplimiento. De confirmarse, podrían derivarse responsabilidades administrativas graves por el impacto sobre la salud laboral y, en última instancia, por la gestión general de la mortandad en las jaulas.
La respuesta científica: un informe toxicológico que matiza el relato del vertido
Mientras avanzaban las diligencias de la Fiscalía y se acumulaban las denuncias y declaraciones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico encargó un informe toxicológico oficial al Servicio de Toxicología Clínica y Analítica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con el objetivo de obtener datos objetivos sobre la posible presencia de contaminantes en el entorno marino de Melenara.
El estudio, de 12 páginas y fechado el 4 de diciembre de 2025, analizó 17 muestras diferenciadas de agua de mar (en superficie y en el fondo), sedimentos marinos y arena de la playa de Melenara (zonas norte, centro y sur), todas ellas recogidas fuera del perímetro de las jaulas marinas. Esos datos se compararon con tejidos hepáticos y branquiales de una lubina cultivada en el interior de las instalaciones acuícolas.
Las muestras fueron remitidas por el Ministerio a la ULPGC el 11 de noviembre de 2025, en plena crisis por la elevada mortandad de peces en las piscifactorías de Melenara-Salinetas. El laboratorio universitario se encargó de determinar la presencia de distintos compuestos orgánicos e inorgánicos tanto en el medio marino abierto como en los tejidos del pez procedente de las jaulas.
En lo referente a las muestras de agua de mar -cuatro de fondo y cuatro de superficie, en diferentes sectores de la zona-, los resultados fueron negativos en la práctica totalidad de los compuestos orgánicos analizados. No se detectaron sustancias que apuntaran a un episodio tóxico agudo o a una contaminación química anómala, situándose los parámetros en rangos compatibles con los de una costa urbana habitual.
En el caso de los sedimentos marinos y la arena de la playa, el informe sí identifica la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) -como fluoranteno, pireno, criseno o benzo(a)antraceno-, aunque en concentraciones bajas, consideradas típicas de la contaminación de fondo asociada a la combustión de combustibles fósiles y al tráfico marítimo y terrestre. Los expertos subrayan que estos niveles no tendrían capacidad para provocar efectos tóxicos agudos sobre la fauna marina.
Contaminantes dentro de los peces: bioacumulación y factores internos
El contraste más llamativo del informe aparece cuando se analizan las muestras biológicas de la lubina de jaula. En los tejidos hepáticos y branquiales del ejemplar procedente de las instalaciones acuícolas se detectaron concentraciones significativamente superiores de determinados elementos inorgánicos y compuestos en comparación con las muestras ambientales de agua, sedimento y arena.
Entre los datos que más llaman la atención destacan los niveles elevados de metales como arsénico, cadmio, mercurio y plomo, que resultan ser muy superiores a los registrados en el medio circundante. Además, se identifica la presencia de lufenurón en el tejido hepático del pez, un insecticida utilizado en veterinaria y agricultura que no aparece en ninguna de las muestras del entorno marino abierto.
Esta diferencia de concentración apunta a un fenómeno de bioacumulación de contaminantes dentro de los peces cultivados en jaulas, más que a una contaminación difusa del ecosistema marino exterior. El informe subraya que las muestras ambientales se tomaron en un momento sin indicios de vertido químico activo, lo que refuerza la idea de que no existía una fuente externa anómala en el entorno inmediato.
En sus conclusiones técnicas, el documento es tajante en un aspecto: no se encuentran evidencias analíticas que avalen la hipótesis de un vertido tóxico agudo desde el medio exterior como causa directa de la mortandad. Es decir, la química del agua, los sedimentos y la arena no muestran un episodio de contaminación extraordinario que pueda explicar por sí solo la muerte masiva de peces.
El informe reconoce, no obstante, que su alcance se limita al análisis toxicológico y químico, por lo que no entra a determinar causas biológicas, sanitarias o de manejo de las jaulas. Aun así, los datos objetivos que presenta desplazan el foco hacia el interior de las instalaciones acuícolas, al situar en los peces cultivados la mayor carga de contaminantes identificada.
Una investigación abierta con más preguntas que respuestas
La combinación de estos elementos -la inspección de Pesca que respalda el buen estado de las instalaciones, la denuncia de la empresa sobre un posible vertido químico, la queja laboral por riesgos biológicos y el informe toxicológico que no detecta un episodio agudo en el entorno- configura un escenario complejo y, por momentos, contradictorio.
Por un lado, la hipótesis de un vertido externo desde un emisario sigue sobre la mesa en el ámbito judicial, dado que fue el detonante de la denuncia inicial y motivó el cierre preventivo de playas. Por otro, la ausencia de evidencias químicas claras en el agua y los sedimentos lleva a los expertos a mirar hacia factores internos de las jaulas, como la bioacumulación, las condiciones sanitarias de los peces, el estrés ambiental o posibles fallos en la gestión de la mortandad.
En paralelo, la denuncia por supuestos incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales introduce un frente adicional que puede tener repercusiones administrativas importantes. La forma en que se retiraron los peces muertos, la exposición del personal a agentes biológicos, la eventual falta de formación y de equipos de protección, y la ausencia de planes específicos de bioseguridad son aspectos que las autoridades competentes deberán dilucidar.
Todo ello sucede mientras vecinos, bañistas y sector turístico observan con preocupación las consecuencias de la crisis. El impacto sobre la confianza en las piscifactorías de Telde y en la calidad del litoral de Melenara no es menor, y el caso se ha convertido en un ejemplo de hasta qué punto la acuicultura, la gestión de vertidos y la protección del medio marino están entrelazadas.
Con las diligencias de la Fiscalía aún en marcha, los informes científicos sobre la mesa y las partes implicadas defendiendo sus posiciones, la muerte masiva de peces en las piscifactorías de Telde sigue sin una explicación única y cerrada. Lo que ya se perfila, sin embargo, es un escenario en el que será necesario revisar a fondo tanto las infraestructuras de saneamiento y los posibles vertidos al mar, como los protocolos internos de las jaulas marinas, la prevención de riesgos laborales y los sistemas de control sanitario de la acuicultura en la zona.
