El ambicioso plan de Nueva Pescanova para instalar la primera macrogranja de pulpos del mundo se ha quedado en nada. La multinacional gallega ha comunicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas su renuncia a la concesión para ocupar la dársena de La Esfinge, donde pretendía levantar una instalación de cría y engorde de cefalópodos. El proyecto, anunciado en 2021, había generado un intenso debate ético y ambiental desde sus inicios.
Con este movimiento, la Autoridad Portuaria procederá al archivo definitivo del expediente, abierto en mayo de 2021. La compañía justifica su retirada en motivos puramente burocráticos, alegando que los nuevos requerimientos de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental alteraron de forma sustancial las condiciones, plazos y alcance del proyecto inicial. Sin embargo, desde la empresa aclaran que esta decisión no implica reconocer la inviabilidad técnica o ambiental de la iniciativa, y dejan abierta la puerta a estudiar alternativas en el futuro.
Adiós al proyecto de la primera granja industrial de pulpos
La inversión prevista superaba los 50 millones de euros y la granja ocuparía una parcela de más de 52.000 metros cuadrados en el puerto grancanario. El objetivo era alcanzar una producción anual de 3.000 toneladas de pulpo, lo que suponía más del 10% del consumo nacional de este cefalópodo. La instalación contaría con dos grandes edificios: uno para la reproducción, cría y engorde, y otro para el procesado y almacenamiento. Los pulpos reproductores llegarían inicialmente desde Galicia, pero la planta canaria aspiraba a ser autosuficiente en un plazo de cinco años.
La elección del Puerto de Las Palmas no fue casual. Las condiciones naturales de Canarias permitían captar agua marina a 16 metros de profundidad y ahorrar en costes energéticos, ya que la temperatura del agua evitaba tener que calentarla, algo que habría encarecido la producción en otras ubicaciones como Galicia. La parcela ofrecía además más de cinco hectáreas continuas, acceso directo al mar y cercanía a las terminales portuarias para la exportación.
Los motivos de la retirada
Según el escrito remitido a la Autoridad Portuaria, el punto de inflexión llegó cuando la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental obligó a someter el proyecto a una Evaluación Ambiental Ordinaria, mucho más rigurosa que el trámite simplificado que la empresa esperaba. Esta exigencia pretendía fiscalizar a fondo posibles efectos adversos como el empeoramiento de la calidad de las aguas portuarias por vertidos orgánicos y el riesgo de malos olores. Además, en enero de 2026, el Gobierno de Canarias declaró caducado el procedimiento de vertidos del proyecto, y la empresa tampoco había presentado la Declaración de Impacto Ambiental exigida desde 2023.
La compañía asegura que estas circunstancias, aunque no afectan a la viabilidad ambiental del proyecto, han supuesto una modificación sustancial de las condiciones, alcance, plazos y requisitos regulatorios del planteamiento inicial. Por ello, la empresa ha decidido desistir expresamente de la solicitud de concesión, sin perjuicio de que en el futuro puedan analizarse otras alternativas técnicas, ambientales o de ubicación.
Reacciones y movilización social
La retirada del proyecto no puede entenderse sin la intensa oposición que ha generado desde su anuncio. Más de 42.000 correos electrónicos llegaron al buzón de la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, exigiendo el archivo del expediente. La campaña #BanOctopusFarming, impulsada por organizaciones como AnimaNaturalis, Compassion in World Farming y Eurogroup for Animals, reunió más de 160.000 firmas. La presión se intensificó en las últimas semanas, con una protesta presencial convocada para el 25 de julio frente al puerto, que finalmente no hizo falta porque la empresa se adelantó.
El Partido Animalista PACMA también ha celebrado la decisión, destacando que la movilización sostenida de la sociedad civil y la presión ejercida durante años por organizaciones animalistas, ecologistas y científicas han sido determinantes. La formación presentó alegaciones respaldadas por más de un centenar de organizaciones y especialistas, advirtiendo de las deficiencias de la documentación ambiental y los riesgos asociados a los vertidos y al consumo de recursos marinos.
Implicaciones éticas y ambientales
La comunidad científica y los colectivos ecologistas llevaban años advirtiendo de que los pulpos son animales excepcionalmente inteligentes, sintientes y de naturaleza solitaria, lo que hace inviable su cría intensiva en cautividad. Un informe de Compassion in World Farming calculó que la granja habría necesitado hasta 28.000 toneladas de peces salvajes solo en su primer año de funcionamiento, una presión adicional sobre poblaciones marinas ya sobreexplotadas. Además, no existe ningún método de sacrificio que garantice evitarles dolor y angustia.
El confinamiento en tanques de engorde suponía un riesgo de estrés severo, canibalismo y sufrimiento crónico. La organización calificó al pulpo como una especie «fundamentalmente inadecuada» para la acuicultura. A esto se sumaban los riesgos de vertidos, uso de productos químicos, emisiones de CO2 y la posibilidad de que individuos con capacidades mermadas por el cautiverio fueran liberados accidentalmente al mar, alterando el equilibrio de las poblaciones silvestres.
El futuro de la acuicultura de pulpos
El carpetazo a la macrogranja de Nueva Pescanova no cierra definitivamente la puerta a este tipo de explotaciones. La empresa ha dejado claro que no descarta estudiar otras alternativas técnicas, ambientales o de ubicación en el futuro. Sin embargo, la presión social ha llevado a que se registre en el Congreso una proposición de ley para prohibir la cría intensiva de pulpos con fines de consumo en todo el territorio español. La iniciativa, impulsada por INTERCIDS y respaldada por diputados de Sumar, ERC y Podemos, modificaría la Ley de Cultivos Marinos de 1984.
Países como Estados Unidos y Chile ya han prohibido o están estudiando prohibir este tipo de explotación. En España, la respuesta legislativa lleva más de un año en marcha y se espera que la proposición de ley sea tomada en consideración por el pleno del Congreso próximamente. Organizaciones como AnimaNaturalis insisten en que solo una ley estatal puede cerrar la puerta a nuevos proyectos de granjas de pulpos en cualquier punto de España.
La retirada de Nueva Pescanova supone un hito en la lucha por el bienestar animal y la protección del medioambiente, pero no garantiza que no surjan iniciativas similares en el futuro. La movilización ciudadana y el escrutinio público han demostrado ser herramientas eficaces para frenar proyectos controvertidos, pero la comunidad científica y los activistas coinciden en que la solución definitiva pasa por una regulación legal que impida la cría intensiva de pulpos. Mientras tanto, el archivo del expediente en el Puerto de Las Palmas cierra un capítulo, pero deja abierto el debate sobre los límites de la acuicultura industrial.
