La nueva normativa sobre la pesca del atún rojo en España marca un antes y un después para buena parte de la flota que faena en el Atlántico oriental y el Mediterráneo. El Gobierno ha aprovechado el aumento de posibilidades de captura acordado en el seno de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) para rediseñar el reparto interno de cuotas, ampliar el número de barcos autorizados y ajustar la gestión a la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera de 2023.
Este movimiento supone un incremento relevante del volumen de capturas disponible, pero también ha levantado suspicacias en parte del sector, especialmente en la pesca artesanal de Cádiz y en la flota de bajura de Canarias, que denuncian que, pese al aumento de tonelaje, persisten desequilibrios históricos y una distribución que, a su juicio, sigue basándose casi en exclusiva en derechos antiguos y no en criterios sociales, ambientales o de arraigo territorial.
Una cuota histórica de atún rojo para España hasta 2028
El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del real decreto que regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo (RD 46/2019, de 8 de febrero). El objetivo es adaptar la norma a las “nuevas necesidades” de las flotas y al notable aumento de cuota logrado por España para los años 2026, 2027 y 2028.
Durante esos tres ejercicios, España dispondrá de una cuota anual de 7.938,81 toneladas de atún rojo. Son 1.155 toneladas más que en el periodo previo, lo que equivale aproximadamente a un 17% de incremento respecto al techo de 6.783 toneladas que estaba vigente. Este aumento responde a los acuerdos adoptados en la última reunión anual de la ICCAT celebrada en Sevilla.
El propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subraya que este incremento confirma la recuperación del stock de atún rojo después de años de fuertes limitaciones y recortes. El recurso sigue siendo de alto valor económico y muy demandado tanto en la alta gastronomía como en la restauración más generalista, por lo que la revisión del reparto interno se ha convertido en un tema especialmente sensible.
El nuevo marco pretende ajustar la regulación a unas “mayores posibilidades de captura”, pero también a un escenario ecológico distinto: cambios en los ecosistemas, alteraciones en las migraciones y la presencia más habitual de atunes en zonas donde antes apenas se veían son factores que los propios profesionales vienen señalando desde hace años.
Cómo se reparte la nueva cuota: fondo de reserva y grandes bloques
Del total de 7.938,81 toneladas asignadas a España, un 3,2781% se aparta para el llamado fondo de reserva, lo que equivale a 260,24 toneladas. Este colchón se utiliza para afrontar incidencias, ajustes técnicos o necesidades sobrevenidas durante la campaña.
El 96,7219% restante, es decir, 7.678,56 toneladas, se reparte entre las distintas listas y grupos de flota. Dentro de este volumen aparecen dos grandes bloques: por un lado, las listas ya existentes, históricas en la pesquería, y por otro, los llamados grupos ex novo, que se incorporan ahora al reparto con un pequeño porcentaje.
Las listas tradicionales acaparan el grueso del recurso: el 96,9535% de ese cupo distribuible (7.444,64 toneladas) se asigna a los buques y almadrabas ya incluidos en la normativa anterior. El 3,0465% restante (233,92 toneladas) se reserva para los nuevos grupos ex novo, que se reparten fundamentalmente entre pesquerías fortuitas y barcos vinculados a criterios de economía local.
El real decreto detalla que la flota de cebo vivo del Cantábrico (Lista A) concentra 6.521,16 toneladas, aproximadamente el 87,6% de las toneladas asignadas a las listas existentes, mientras que la flota canaria recibe 581,27 toneladas (en torno al 7,8%) y los barcos artesanales del Mediterráneo disponen de 287,18 toneladas (un 3,85%). Para las listas de pesca fortuita se reservan 53,33 toneladas (0,7%), los curricaneros y palangreros de superficie cuentan con 12,44 toneladas (0,16%) y la pesca recreativa dispone de 40,89 toneladas (0,5%).
Incorporación de 5.406 nuevas embarcaciones y grupos ex novo
Una de las grandes novedades de la regulación es la entrada, por primera vez, de 5.406 embarcaciones adicionales en el reparto de atún rojo. Estas flotas acceden a algo más del 3% del total de la cuota española, dentro de un bloque de 233,92 toneladas reservado específicamente a los nuevos grupos.
Este cupo ex novo se distribuye en cuatro subgrupos claramente definidos. La pesca fortuita en el Cantábrico noroeste se sitúa en primer lugar, con el 28,81% del bloque (67,40 toneladas). Le sigue la cuota ligada a criterios de economía local, que beneficia a buques con puerto base en Algeciras, La Línea de la Concepción, Tarifa, Barbate y Conil, con un 27,36% del total (64 toneladas).
La pesca fortuita en el Mediterráneo se queda con el 23,63% de este bloque (55,28 toneladas), mientras que la pesca fortuita en el golfo de Cádiz dispone del 20,20%, lo que supone 47,25 toneladas. En todos los casos se trata de capturas accesorias de atún rojo que pueden realizar embarcaciones dedicadas de forma principal a otras especies.
El Ministerio defiende que la incorporación de estas flotas ex novo busca un cierto reconocimiento al peso socioeconómico de determinadas zonas costeras y a la realidad de barcos que, aunque no formaban parte del censo específico de atún rojo, se encontraban habitualmente con la especie en sus faenas. No obstante, el volumen concreto que reciben, especialmente en el Estrecho y el golfo de Cádiz, está generando un fuerte debate en el territorio.
Reordenación de la flota del Estrecho y equidad administrativa
Otro de los cambios relevantes es la reordenación de las flotas del Estrecho de Gibraltar. Hasta ahora, la normativa distinguía entre dos grandes listas en esta zona, la H y la B, con condiciones diferentes en cuanto a acceso a cupos y periodos de pesca. La nueva regulación elimina esa división y integra toda la flota bajo una única categoría administrativa.
Esta equiparación implica que todas las embarcaciones del Estrecho pasan a tener los mismos derechos formales sobre la pesquería de atún rojo, algo que sectores como la Cofradía de Pescadores de Tarifa llevaban reclamando desde hace dos décadas. A partir de ahora, estos barcos podrán pescar durante todo el año, cuando buena parte de la flota solo podía operar unos cuatro meses al año.
Según los datos oficiales, la nueva regulación permitirá que se capture alrededor de un 17% más de atún rojo en la costa de Cádiz. Este aumento, que también beneficia a las almadrabas de la provincia y a la flota artesanal del Estrecho con base en Algeciras, La Línea, Tarifa y Barbate, se presenta como un “balón de oxígeno” en un contexto de dificultades por la caída de otras especies.
No obstante, el volumen efectivamente asignado a la pesca artesanal del Estrecho es motivo de controversia. De un total en torno a 8.000 toneladas anuales para el conjunto de España, solo 64 toneladas irían a la flota artesanal de Cádiz, integrada por unas 200 embarcaciones de las que dependen alrededor de 700 familias. Además, estas capturas solo pueden ser fortuitas, no dirigidas, lo que limita aún más su margen de maniobra. Esta situación afecta a puertos como Conil, Barbate, Tarifa, Algeciras o La Línea, según denuncian los propios representantes locales.
La pesca artesanal de Cádiz: críticas a un reparto que consideran “injusto”
En la provincia de Cádiz, varias voces del sector han expresado su malestar con el nuevo esquema. La Organización de Productores Pesqueros Artesanales (OPP72) y representantes de cofradías destacan que, pese a contar con la mayor cuota de atún rojo de la historia de España, lo que llega a la flota artesanal de Cádiz del Estrecho es, a su juicio, claramente insuficiente.
Nicolás Fernández, secretario de las Cofradías de Pescadores de Cádiz y gerente de la OPP72, ha subrayado que la subida de cuotas “ha sido impresionante” y responde a la abundancia de atunes, pero critica que la clave de reparto apenas se haya revisado respecto a la de 2019. Asegura que no se trata de “quitar al que ya tiene”, sino de aprovechar el incremento de tonelaje para dar respuesta a quienes atraviesan más dificultades.
El sector artesanal denuncia que el ecosistema del Estrecho “se ha transformado por completo”, con la presencia permanente de atún rojo, la proliferación de algas invasoras y el declive de otras pesquerías tradicionales, como el pez sable, el voraz, los borriquetes, las chernas o las gallinetas. Antes, señalan, podían sobrevivir sin centrarse en el atún; hoy, con la caída de estos recursos, el acceso limitado al atún les deja prácticamente sin alternativas.
Para estas organizaciones, la asignación de 64 toneladas para capturas fortuitas, en medio de un contexto que el propio Gobierno reconoce como crítico para puertos como Conil, Barbate, Tarifa, Algeciras o La Línea, es poco menos que un “disparate”. Consideran que la falta de medidas específicas está empujando a muchos pescadores a abandonar la profesión, desguazar barcos y renunciar a un relevo generacional que ya de por sí estaba en entredicho.
Canarias y la flota de bajura: reclamación de criterios sociales y ambientales
Las críticas al modelo de reparto no se limitan al Estrecho de Gibraltar. Diversas organizaciones profesionales de Canarias, como la Asociación de Armadores y Pescadores de Canarias (Miracanarias), la Asociación Nacional de Artes Menores (ANARME) y la Plataforma por el Mar Canario, han reclamado que la nueva regulación del atún rojo tenga en cuenta los criterios sociales y ambientales que exige la normativa europea.
Estos colectivos recuerdan que el Reglamento (UE) 1380/2013, en su artículo 17, obliga a los Estados miembros a utilizar criterios transparentes y objetivos, incluyendo factores medioambientales, sociales y económicos, a la hora de asignar las posibilidades de pesca. Sin embargo, según denuncian, en España la distribución sigue pivotando casi por completo sobre los derechos históricos, lo que genera una exclusión estructural del segmento de flota de bajura.
Airam Mederos, presidente de Miracanarias y de ANARME, sostiene que la reciente ampliación de cuota representa una oportunidad jurídica y política para corregir desequilibrios arrastrados durante años. A su juicio, no aprovecharla supondría consolidar un modelo que choca con los principios básicos del Derecho de la Unión Europea, especialmente en lo relativo a la sostenibilidad y a la justicia social en el reparto.
Para estas organizaciones, la pesca de artes menores reúne condiciones objetivas que justifican un mejor acceso al recurso: bajo impacto ambiental, alta eficiencia energética, fuerte arraigo en las comunidades costeras y una notable contribución al empleo local. Por ello, reclaman que se aplique de forma “real y verificable” el artículo 17 de la Política Pesquera Común y que se garanticen oportunidades para la flota de bajura que no figura en el censo de atún rojo, evitando su exclusión permanente.
En caso de que no se introduzcan cambios en esa línea, las entidades canarias no descartan recurrir a acciones legales, incluida la posible impugnación del sistema de reparto por posible vulneración del Derecho comunitario. Su mensaje es claro: “sin pesca artesanal no hay sostenibilidad ni equilibrio en el sector pesquero”.
Artes menores del Mediterráneo, almadrabas y el caso de Sancti Petri
En el Mediterráneo, la nueva regulación amplía la autorización a la flota de artes menores de 305 a 409 embarcaciones. La intención, según el Gobierno, es garantizar a cada barco la situación de cuota que disfrutaba en 2019, evitando que el incremento global de tonelaje se traduzca en pérdidas relativas para estos pequeños buques.
Las almadrabas andaluzas, muy vinculadas históricamente a la captura del atún rojo, también se ven afectadas por el nuevo marco. El incremento global de la cuota y el refuerzo de la pesquería se interpretan como una oportunidad para consolidar la actividad en la provincia de Cádiz, donde las almadrabas de Tarifa, Barbate o Conil tienen un peso económico y cultural nada despreciable.
Uno de los puntos más sensibles en este ámbito es el regreso de la almadraba de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera. Se trata de un arte con una trayectoria histórica que se remonta, como mínimo, a época fenicia y cuyo máximo esplendor llegó en el siglo XX, cuando se convirtió en un referente de la industria del atún y de la salazón en la zona. Sin embargo, las dificultades económicas y la escasez de atún llevaron al cese de su actividad en la década de 1970.
En los últimos años se ha intentado reactivar esta almadraba. La empresa Pesquerías de Chiclana SL, encargada de su explotación a partir de 2027, ha observado cómo los borradores del real decreto manejaban cifras muy dispares de cuota: en una primera propuesta se hablaba de 183 toneladas, mientras que un texto posterior reducía esa cantidad a 50 toneladas, pese a que la instalación tendría licencia para llegar hasta las 350.
A día de hoy, y pese a la aprobación de la modificación normativa, la entidad sigue sin conocer de forma definitiva la cuota asignada a partir de 2027, lo que genera una notable incertidumbre en torno a la viabilidad económica del proyecto y al potencial impacto en el empleo y el tejido social de la zona.
Granjas de cría, flexibilidad interanual y gestión de cuotas
La nueva regulación no se limita al reparto entre flotas, sino que introduce cambios en la gestión global de la pesquería. Entre ellos destaca la regulación específica de las granjas autorizadas para la cría de atún rojo, para las que se crea un registro propio con el fin de mejorar el control, la trazabilidad y la planificación a medio plazo.
Además, el real decreto incorpora medidas previstas en la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera de 2023, adaptadas a las particularidades del atún rojo. Entre estas novedades figuran la flexibilidad interanual de las posibilidades de pesca, la gestión de las cuotas no utilizadas y la implantación de un mecanismo de optimización de cuotas entre flotas.
La flexibilidad interanual permitirá, dentro de determinados límites y siempre bajo supervisión, trasladar parte de la cuota no consumida de un año a otro, de manera que se reduzcan los desperdicios y se mejore el aprovechamiento del recurso. Este tipo de herramientas son habituales en otras pesquerías europeas y buscan equilibrar conservación, rentabilidad económica y estabilidad para las empresas.
El mecanismo de optimización de cuotas pretende facilitar ajustes entre grupos de flota, de forma que se puedan reasignar posibilidades de pesca infrautilizadas cuando determinadas listas no alcancen a agotar sus cupos. Sobre el papel, esto podría abrir puertas a un uso más eficiente del recurso, aunque parte del sector teme que, si no se acompaña de criterios sociales claros, termine reforzando a quienes ya concentran más volumen.
Un escenario de más tonelaje, más actores y un reparto bajo lupa
El nuevo real decreto sobre la pesca de atún rojo llega en un momento en el que España dispone de más cuota que nunca, incorpora a miles de nuevas embarcaciones y redefine la estructura administrativa de flotas clave como la del Estrecho. Para unas zonas, como las almadrabas gaditanas o parte de la flota de cebo vivo del Cantábrico, el escenario se presenta como una oportunidad para consolidar actividad y empleo; para otras, especialmente en la pesca artesanal de Cádiz y la bajura canaria, el incremento de toneladas no se traduce, por ahora, en el giro de modelo que vienen reclamando.
Entre la mejora de las cifras globales, la entrada de nuevos actores y las exigencias de la normativa europea en materia de criterios sociales y ambientales, el éxito real de esta regulación se medirá en si logra garantizar la sostenibilidad del recurso y, al mismo tiempo, repartir los beneficios de la recuperación del atún rojo de forma más equilibrada entre los distintos segmentos de la flota y los territorios costeros que dependen de él.
