La aparición de nuevos restos de peces muertos en la costa de Telde ha vuelto a encender todas las alarmas en el municipio grancanario y ha reabierto el choque entre administraciones y empresa concesionaria de las jaulas marinas. Lo que parecía un episodio encaminado a su cierre definitivo se ha convertido en una crisis prolongada, con playas clausuradas, dudas sobre el origen del vertido y una fuerte presión vecinal.
Pese a que el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias (PLATECA) había rebajado el nivel de alerta a prealerta al considerar que ya no quedaban restos significativos en los viveros, las últimas inspecciones aéreas ordenadas por el Ayuntamiento de Telde han documentado peces sin vida en el litoral y dentro de las jaulas marinas, aparentemente de muerte reciente. Esta situación ha elevado la tensión política y ha reavivado el debate sobre la seguridad ambiental de la acuicultura en la zona.
Inspecciones oculares y dudas sobre una mortandad anómala
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Política Territorial, Cohesión y Aguas, ha confirmado que en los próximos días se llevará a cabo un reconocimiento ocular en las jaulas marinas frente a Telde. A esta inspección acudirán técnicos especializados de la Dirección General de Pesca, especialistas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y representantes del propio Consistorio.
El objetivo declarado de esta visita es determinar si la mortalidad observada en las jaulas supera los niveles considerados habituales por la empresa acuícola, que sostiene que alrededor de un 5% de bajas entra dentro de los parámetros normales en la cría de lubina. Las autoridades autonómicas quieren constatar sobre el terreno si esa cifra se ajusta a la realidad o si, por el contrario, existe una mortandad anómala que pueda suponer un foco de contaminación adicional para el litoral de Telde.
Mientras tanto, desde la Consejería de Emergencias se subraya que la presencia de algunos ejemplares muertos en la costa no implica necesariamente un nuevo episodio de contaminación, sino que podría tratarse de restos arrastrados por las corrientes derivados del vertido inicial. Esta interpretación, sin embargo, no termina de convencer al Ayuntamiento, que insiste en que el problema no está del todo controlado.
Las manchas de coloración anaranjada detectadas en la superficie del mar también han sido objeto de análisis. Fuentes autonómicas apuntan que responderían a restos de grasa de las lubinas adheridos a las estructuras de las jaulas tras el episodio de mortandad masiva, y que las mareas habrían puesto nuevamente en suspensión esos residuos, sin que ello implique un vertido reciente.
Nuevos peces muertos y playas cerradas: la versión del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Telde mantiene un discurso mucho más crítico. A través de varios comunicados, el Consistorio ha asegurado que las inspecciones aéreas de la unidad municipal de drones UNIDRON, dependiente de la Policía Local, han detectado peces muertos flotando en el mar, especialmente en las proximidades de Salinetas, y ejemplares sin vida dentro de las jaulas fondeadas frente a la costa.
Según fuentes municipales, las imágenes captadas muestran peces aparentemente de muerte reciente, sin signos de descomposición avanzada, lo que a juicio del gobierno local indicaría que la mortalidad continúa. Estas tareas de vigilancia aérea se realizan, recuerda el Ayuntamiento, desde el inicio de la crisis por la falta de información directa y continua por parte de otras administraciones con competencias en el ámbito marítimo y medioambiental.
El alcalde, Juan Antonio Peña, ha sido especialmente contundente: sostiene que en el seno del PLATECA se comunicó oficialmente que ya no quedaban restos de peces en los módulos de la piscifactoría y que esa información sirvió para justificar el paso de la situación de alerta a prealerta. A la vista de las nuevas imágenes obtenidas por UNIDRON, Peña considera que esa versión no se ajusta a la realidad observada en el mar y reclama una rectificación inmediata.
El regidor ha solicitado una reunión urgente con los responsables del Gobierno de Canarias y del Estado implicados en la gestión de la emergencia, a fin de aclarar por qué se aseguró que no quedaban restos si apenas un día después aparecieron nuevos peces muertos en la zona. A su juicio, la ciudadanía “merece claridad y no más contradicciones”, y Telde “no puede seguir sola frente a esta crisis”.
Mientras persisten las dudas sobre la evolución del episodio, el Ayuntamiento mantiene cerradas las playas de Salinetas, Melenara, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza, siguiendo de forma estricta las indicaciones de Salud Pública. El Consistorio insiste en que no reabrirá ninguna zona de baño sin informes favorables claros que garanticen la seguridad sanitaria para vecinos y visitantes.
Choque con Aquanaria y denuncias cruzadas
En paralelo al cruce de datos técnicos, el conflicto ha escalado también en el plano jurídico y político. La empresa de acuicultura Aquanaria, titular de las piscifactorías situadas frente a la costa de Telde, ha anunciado la presentación de una denuncia por la presencia del dron de la Policía Local sobre sus instalaciones, un dispositivo ordenado por el alcalde para documentar la situación real de las jaulas.
La compañía considera que ese vuelo constituye una entrada no autorizada en un dominio público marítimo-terrestre que excede las competencias municipales y que, además, habría puesto en riesgo la seguridad de los trabajadores al operar sobre una zona de mar potencialmente ventosa sin notificación previa ni permiso. Desde la empresa se apunta que se han remitido imágenes propias de las instalaciones a la Dirección General de Pesca y al SEPRONA para demostrar que, según su versión, las fotografías difundidas por el Ayuntamiento no reflejan el estado actual de la granja.
El Consistorio, por su parte, sostiene que la unidad de drones dispone de un archivo audiovisual cronológico de todo el episodio que, a juicio del gobierno local, contradice los comunicados de Aquanaria sobre la inexistencia de restos orgánicos en las jaulas. Asimismo, acusa a la empresa de haber intensificado las labores de retirada de peces muertos y limpieza en la zona justo después de hacerse públicas las últimas imágenes, interpretando estas actuaciones como una confirmación indirecta de los hallazgos municipales.
La tensión se ha incrementado tras la decisión de Aquanaria de denegar el acceso al alcalde y al equipo técnico del Ayuntamiento a una visita de inspección prevista junto a la Consejería de Pesca. Finalmente, el recorrido por las instalaciones se limitará a personal técnico del Gobierno de Canarias y de la ULPGC, algo que el Consistorio teldense califica de “obstrucción a la investigación” y que le ha llevado a solicitar la intervención del grupo GEAS de la Guardia Civil para que realice una revisión independiente del estado de las jaulas y del fondo marino.
En este contexto, Aquanaria también ha denunciado ante la Guardia Civil la difusión de imágenes aéreas supuestamente tomadas con dron por el Ayuntamiento, alegando que no contaban con autorización y que podrían vulnerar la normativa vigente sobre seguridad en el entorno laboral y uso de drones en espacios sensibles.
El origen del vertido: emisario 222 o fallo en la actividad acuícola
El origen de la mortandad masiva de lubinas registrada en las jaulas de Melenara continúa siendo el principal punto de fricción entre la empresa y el Ayuntamiento, mientras la investigación formal sigue su curso. Aquanaria defiende que el episodio se desencadenó tras un vertido tóxico ajeno a su actividad, detectado inicialmente por un pescador que alertó de una mancha extraña en el mar por su color, olor e inusual extensión.
Según la compañía, informes del Instituto Universitario de Sanidad Animal (IUSA), SERTOX, Ictiovet y su consultora ambiental TAXON descartan que la causa esté en la propia explotación acuícola y apuntan a compuestos reducidos ricos en azufre procedentes de la zona del emisario submarino nº 222, de titularidad municipal. Imágenes satelitales del sistema europeo Copernicus habrían mostrado, siempre según la versión de la empresa, una mancha blanquecina de más de 500 hectáreas en la bahía de Melenara, compatible con un episodio de vertido externo.
La empresa afirma haber colaborado desde el primer momento con SEPRONA, Fiscalía y el resto de administraciones, aportando informes periciales, registros gráficos subacuáticos y datos analíticos sobre el agua y los peces afectados. Además, acusa al sistema de saneamiento de la zona de presentar “gravísimas irregularidades”, citando una inspección ambiental realizada a mediados de octubre que habría detectado daños estructurales, defectos de diseño y posibles vertidos industriales no autorizados vinculados al emisario.
Desde el Ayuntamiento, sin embargo, se ha defendido reiteradamente la hipótesis de que el problema pueda estar relacionado con la propia actividad de las jaulas marinas. El Consistorio ha difundido resultados de análisis municipales que, según su lectura, descartarían al emisario 222 como fuente principal del episodio de mortandad. Esta interpretación es rechazada de plano por Aquanaria, que asegura que las pérdidas económicas y reputacionales sufridas la convierten en “principal perjudicada” del incidente, y en ningún caso en responsable.
En términos económicos, la empresa cifra el impacto en alrededor de 30 millones de euros y casi 2.500 toneladas de pescado perdidas, y asegura que no ha vuelto a pescar en la instalación afectada desde que se detectó el vertido. Según sus declaraciones, la actividad no se retomará hasta que todas las administraciones competentes confirmen que la zona vuelve a ser segura.
Alertas, cierres de playas y presión social en el litoral de Telde
El episodio de peces muertos no solo se ha quedado en la esfera técnica y política; también ha tenido un impacto directo sobre la ciudadanía y la economía local. El cierre prolongado de las playas de Telde —Salinetas, Melenara, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza— ha dejado a vecinos, bañistas y hosteleros en una situación muy delicada, con negocios que aseguran estar “bajo mínimos” después de semanas sin actividad normal.
Los informes de Salud Pública han sido determinantes para mantener bloqueado el acceso al baño. Las analíticas han confirmado la presencia de materia orgánica y restos fecales en el agua, lo que justifica mantener las restricciones mientras se completan estudios más especializados que clarifiquen el alcance de la contaminación y su posible relación con el vertido detectado.
Desde el Ejecutivo regional se explica que la desactivación del foco principal de contaminación y la bajada del número de peces muertos observados fueron factores clave para rebajar el nivel de alerta a prealerta. Además, la vigilancia aérea realizada en días previos no habría detectado nuevos indicios significativos de vertidos activos, lo que reforzó esa decisión técnica. No obstante, la aparición de nuevos ejemplares muertos en las últimas jornadas ha generado un clima de incertidumbre que dificulta la recuperación de la normalidad.
Colectivos vecinales y asociaciones como la Plataforma por un Litoral Limpio han convocado movilizaciones, entre ellas cadenas humanas de protesta contra las jaulas marinas, para denunciar tanto el episodio de mortandad como la falta de transparencia que perciben en las distintas administraciones. Reclaman que se clarifique de una vez por todas el origen del vertido, se retiren por completo los restos orgánicos y se garantice un modelo de gestión del litoral más respetuoso con el medio marino.
En este ambiente de tensión, la empresa recuerda que la retirada de las jaulas de la zona ya estaba planificada antes del incidente, dentro de su hoja de ruta empresarial. Aun así, advierte de que, aunque abandonen la bahía de Melenara, el problema del emisario persistirá si no se corrigen las supuestas irregularidades detectadas en el sistema de depuración y vertido.
Vigilancia con drones, limpieza del litoral y próximos pasos
Mientras se multiplican las declaraciones y los informes, sobre el terreno continúan las labores de seguimiento. La unidad UNIDRON de la Policía Local de Telde seguirá efectuando vuelos de supervisión en los próximos días, con el fin de documentar la evolución de la presencia de peces muertos, manchas superficiales y cualquier otro indicio relevante en el entorno de las jaulas y las playas afectadas.
El Ayuntamiento insiste en que esta vigilancia propia es necesaria ante lo que considera una comunicación insuficiente por parte de las administraciones con competencia directa en el medio marino. Al mismo tiempo, el Consistorio ha reclamado la activación inmediata de un dispositivo reforzado de limpieza del litoral, que permita retirar con mayor rapidez los restos orgánicos que siguen llegando a la costa.
El gobierno local denuncia que la acumulación de restos marinos no está siendo retirada con la diligencia que la situación exige y advierte de que una respuesta lenta puede acarrear riesgos sanitarios, ambientales y de imagen pública para Telde y para la isla de Gran Canaria en su conjunto. Por ello, exige una actuación más contundente y coordinada entre administraciones para acelerar la descontaminación visual y biológica del entorno.
En paralelo, los servicios de Salud Pública continúan tomando muestras y realizando analíticas periódicas en las playas cerradas, cuyos resultados serán determinantes para decidir si se mantienen las restricciones o se puede iniciar una reapertura parcial o total. Las autoridades sanitarias recuerdan que su papel se limita a validar parámetros objetivos de calidad del agua, mientras que otras variables técnicas sobre el origen del vertido dependen de organismos especializados y de la investigación judicial en curso.
Entre tanto, se espera que las inspecciones previstas en las jaulas marinas por parte de técnicos de Pesca y especialistas universitarios aporten información clave para precisar si la mortalidad que se sigue observando entra dentro de los márgenes normales de la actividad acuícola o si, por el contrario, se está prolongando un episodio anómalo que podría requerir nuevas medidas de contención o incluso cambios de mayor calado en la explotación del espacio marítimo.
Con las playas aún cerradas, el sector hostelero resentido y las instituciones en pleno cruce de reproches, la crisis de los peces muertos en Telde sigue abierta y sin una explicación completamente consensuada. La resolución de las investigaciones, los informes técnicos pendientes y las futuras decisiones sobre el emisario y las jaulas marinas marcarán el rumbo de un conflicto que ha puesto en primer plano la fragilidad del equilibrio entre desarrollo económico, gestión de residuos y protección del medio marino en la costa de Gran Canaria.
