El pago por servicios marinos para liberar tiburones martillo se está consolidando en Costa Rica como una herramienta novedosa para cuidar el océano sin dejar de lado la economía de las comunidades pesqueras. Lejos de basarse solo en prohibiciones, este enfoque plantea que quienes contribuyen activamente a la conservación reciban un ingreso estable a cambio de proteger especies amenazadas y hábitats clave.
Este modelo, impulsado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y otras instituciones públicas y privadas, integra a comunidades pesqueras, personas molusqueras y organizaciones costeras en un mismo sistema: si liberan tiburones martillo, respetan las zonas sensibles y aplican prácticas sostenibles, el Estado reconoce ese esfuerzo mediante compensaciones económicas y apoyo tecnológico.
Qué es el pago por servicios marinos para liberar tiburones martillo
El llamado pago por servicios marinos es una extensión al océano del tradicional programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) que Costa Rica llevaba años aplicando en tierra firme. En la práctica, se trata de un esquema en el que el Estado, a través del programa de Pago por Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros (PSEM), abona una cantidad económica a quienes ayudan a mantener y mejorar la salud de los ecosistemas marinos y costeros.
En este caso, el eje central está en la liberación de tiburones martillo capturados incidentalmente y en la protección de los hábitats donde se alimentan y se reproducen. Cada acción de conservación —como devolver un ejemplar vivo al mar o respetar áreas de manglar protegidas— se considera un servicio ecosistémico que genera beneficios para el conjunto de la sociedad, y por ello se remunera.
El programa se articula desde el MINAE junto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Fundación Banco Ambiental (FUNBAM), que participan en el diseño técnico, la gestión de los contratos y el seguimiento de las actividades. La idea es que el modelo sea trazable, verificable y pueda escalarse a más comunidades costeras con el tiempo.
Este enfoque supone un giro respecto a las políticas clásicas de conservación: se pasa de un sistema que solo restringe usos y sanciona infracciones a otro que también incentiva económicamente las buenas prácticas, haciendo más atractivo para pescadores y mariscadores colaborar con la protección del tiburón martillo y de los ecosistemas asociados.
Por qué se incentiva la liberación del tiburón martillo
El tiburón martillo se considera una especie altamente vulnerable a nivel internacional, y las poblaciones han sufrido un descenso notable por la sobrepesca y el comercio de sus aletas. Ante este contexto, Costa Rica ha reforzado su marco normativo con un decreto que prohíbe la captura, retención a bordo, transbordo, descarga, almacenamiento y comercialización de productos y subproductos de esta especie.
La normativa fue más allá al vetar también el transporte de aleta de martillo dentro del territorio costarricense, lo que impide la entrada de este producto procedente de otros países y su posterior exportación a mercados extranjeros. De esta manera se cierran las principales vías de comercio, reduciendo la presión sobre las poblaciones de tiburón martillo tanto en aguas nacionales como en las rutas de distribución.
En paralelo a estas restricciones, el pago por servicios marinos introduce un componente de recompensa: quienes contribuyan a la liberación de ejemplares vivos y al cuidado de su entorno reciben un pago por ese servicio ecosistémico. Así, la conservación deja de ser solo una obligación legal y pasa a convertirse en una oportunidad económica para quienes viven de la pesca.
Este sistema pretende, además, reforzar el papel de Costa Rica como referente regional en innovación ambiental, aplicando en el medio marino el mismo tipo de lógica que años atrás se utilizó para frenar la deforestación en tierra firme: pagar a quienes ayudan a salvaguardar la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas.
Cómo funciona el programa PSEM en la práctica
El pago por servicios marinos se enmarca dentro del Programa de Pago por Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros (PSEM), un esquema más amplio que abarca tanto los ecosistemas de manglar como las zonas marinas adyacentes. El Gobierno comenzó a aplicar este enfoque en 2024 en los bosques de mangle del golfo de Nicoya, en la costa del Pacífico.
En esa primera fase, se firmaron acuerdos con seis organizaciones locales, beneficiando directamente a unas 157 familias vinculadas a la extracción de recursos en estos entornos. A través de contratos específicos, las personas participantes se comprometen a cumplir una serie de prácticas sostenibles a cambio de recibir pagos periódicos por los servicios ecosistémicos que generan.
Actualmente, el programa cubre alrededor de 24.000 hectáreas de manglar protegido, según los datos oficiales. Dentro de este ámbito, hay 544 personas molusqueras que forman parte de contratos por pago distribuidos en 15 asociaciones a lo largo de la costa pacífica, con la previsión de ampliar la cifra hasta unas 600 personas de cara a 2026.
El desarrollo del componente específicamente marino del PSEM, centrado en la liberación de tiburones martillo, se apoya en planes técnicos que determinan qué actividades se reconocen como servicios, qué montos se pagan y cómo se verifica el cumplimiento. El objetivo es asegurar que los fondos públicos destinados a este programa se traduzcan en mejoras medibles en la conservación de la especie y del entorno marino.
Tal y como ha explicado el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, este esfuerzo busca trasladar al océano el éxito del programa de Pagos por Servicios Ambientales terrestre, trabajando de la mano con las personas que cuidan el mar y que viven en las zonas costeras, y acompañando la regulación con incentivos económicos claros.
Beneficios para pescadores y comunidades costeras
Uno de los aspectos más relevantes del pago por servicios marinos es que no se limita a la protección de la biodiversidad, sino que incide directamente en la economía local. El programa reconoce la labor de pescadores artesanales y de otros colectivos costeros, que a menudo se ven afectados por nuevas restricciones de pesca necesarias para conservar especies vulnerables.
Con este mecanismo, las comunidades no solo se adaptan a las normas más estrictas sobre captura y comercio, sino que también reciben una compensación por adoptar prácticas sostenibles: liberar tiburones martillo capturados de forma incidental, respetar las áreas de manglar, evitar artes de pesca dañinas o colaborar con el monitoreo de especies, entre otras acciones.
Además del componente económico, el programa contempla el acceso a tecnología orientada a la seguridad y al control. Un ejemplo clave son las llamadas «balizas» que se instalan en las embarcaciones artesanales, dispositivos que emiten una señal vía satélite para conocer en tiempo real la ubicación de los barcos.
Estas balizas aportan un doble beneficio: por un lado, mejoran la seguridad en altamar, ya que permiten activar avisos rápidos en caso de accidente o condiciones adversas; por otro, facilitan la trazabilidad de la actividad pesquera, ayudando a verificar el cumplimiento de las zonas autorizadas y las condiciones asociadas a los contratos de pago por servicios marinos.
A medio plazo, las autoridades esperan que esta combinación de incentivos económicos, apoyo tecnológico y acompañamiento técnico contribuya a reforzar el tejido social y económico de las comunidades costeras, evitando que la conservación se perciba como una carga y transformándola en una fuente de oportunidades.
Impacto en los ecosistemas marinos y proyección del modelo
El avance del pago por servicios marinos apunta a consolidar un modelo de gestión integral de los ecosistemas marino-costeros, en el que la protección de especies como el tiburón martillo va de la mano del cuidado de hábitats clave como los manglares. Estos bosques de mangle cumplen funciones esenciales: actúan como viveros de muchas especies, fijan sedimentos, amortiguan el oleaje y almacenan grandes cantidades de carbono.
Al asegurar recursos a las comunidades que dependen de ellos, el programa refuerza la conservación de 24.000 hectáreas de manglar protegido, al tiempo que fomenta la reducción de presiones sobre especies marinas vulnerables. La combinación de restricciones legales estrictas con incentivos directos busca reducir de forma efectiva la mortalidad de tiburones martillo y mejorar el estado general de los ecosistemas.
Las instituciones implicadas presentan este esquema como un modelo replicable a escala internacional, especialmente en países con una fuerte dependencia de la pesca artesanal y con especies marinas bajo amenaza. La experiencia en Costa Rica puede servir de referencia para otras regiones que busquen equilibrar conservación y desarrollo local.
Si los resultados se mantienen en la línea esperada, el pago por servicios marinos podría convertirse en una de las herramientas más relevantes para avanzar hacia una pesca verdaderamente sostenible, en la que proteger la naturaleza no sea solo una obligación normativa, sino también una fuente de ingresos estable para quienes viven del mar.
En conjunto, este sistema sitúa al país centroamericano en una posición destacada en cuanto a innovación en políticas ambientales y marinas. La liberación de tiburones martillo, el cuidado de los manglares y la participación activa de las comunidades costeras se integran en un mismo marco, donde la conservación se entiende como un servicio que merece ser remunerado y que, a la vez, contribuye a mantener el equilibrio ecológico y económico a largo plazo.