En la costa de Candelaria, en el sureste de Tenerife, una actuación reciente de la Guardia Civil ha vuelto a poner el foco sobre la pesca ilegal de pulpos y peces en aguas canarias. Tres personas fueron sorprendidas cuando realizaban actividad extractiva en una zona donde esta práctica está expresamente vetada por la normativa autonómica.
Según ha informado el Instituto Armado, la intervención se saldó con la incautación de 22 kilos de capturas, entre las que se contabilizaron 11 cefalópodos —en su mayoría pulpos— y 12 peces. Todo el género había sido obtenido al margen de la legislación vigente, lo que sitúa el caso de lleno en el ámbito del furtivismo marítimo.
Intervención de la Guardia Civil en la costa de Candelaria
Los agentes del Puesto Principal de Candelaria desarrollaban un dispositivo de vigilancia en el litoral tinerfeño cuando detectaron la presencia de tres individuos faenando en una zona del municipio catalogada como prohibida para la pesca. Tras comprobar la situación sobre el terreno, se confirmó que se estaba llevando a cabo una actividad pesquera contraria a lo que marca la Ley de Pesca de Canarias.
Durante la inspección, la patrulla constató que ninguno disponía de la licencia obligatoria para ejercer la pesca marítima de recreo ni otro tipo de permiso que amparase esa captura. La carencia de documentación habilitante supuso el primer bloque de infracciones administrativas.
Además de la falta de licencias, los funcionarios hallaron indicios claros de que se estaban utilizando artes de pesca expresamente prohibidas por la normativa regional. Estas herramientas, vetadas por su carácter agresivo y su impacto sobre el ecosistema, permiten extraer más ejemplares de los que sería habitual con métodos autorizados, lo que agrava la presión sobre los recursos marinos.
Otro aspecto que resaltó la Guardia Civil fue la ausencia de la boya de señalización obligatoria en este tipo de prácticas submarinas. Este elemento resulta fundamental para advertir a las embarcaciones de la presencia de personas en el agua. Su inexistencia no solo vulnera la regulación específica de seguridad, sino que incrementa de forma considerable el riesgo de accidentes.
Una captura ilegal de 22 kilos de pulpos y peces
En el momento de la intervención, los agentes procedieron a revisar el producto que los pescadores furtivos ya habían sacado del mar. El recuento arrojó un total de 22 kilogramos de capturas ilegales, integrados por 11 cefalópodos —fundamentalmente pulpos— y 12 peces de distintas especies.
La cantidad decomisada no es baladí, ya que ese volumen de recursos marinos extraídos de una zona de especial protección y fuera de los cauces legales contribuye a deteriorar los fondos y a desequilibrar las poblaciones de fauna. La ley canaria contempla este tipo de conductas como un ataque directo a la sostenibilidad del litoral.
La actuación permitió retirar esas piezas del circuito ilícito, evitando que pudieran acabar introduciéndose en el mercado o en el consumo particular sin ningún tipo de control ni trazabilidad. En estos casos, las capturas suelen gestionarse conforme al protocolo establecido, que puede incluir su decomiso definitivo y destrucción, o su destino social si la normativa y el estado del producto lo permiten.
Zona prohibida y normativa aplicable en Canarias
La Guardia Civil comprobó que la actividad se desarrollaba en un enclave catalogado como zona prohibida para la pesca según la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias. Esta norma autonómica delimita los espacios en los que se permite o restringe la actividad, así como los métodos de captura que pueden utilizarse.
La legislación canaria establece distintas figuras de protección sobre áreas sensibles, ya sea por la riqueza de sus fondos, por la presencia de especies vulnerables o por la necesidad de permitir la recuperación de determinadas poblaciones marinas. Llevar a cabo cualquier extracción en estas zonas vedadas supone un incumplimiento claro de la regulación.
Además de fijar qué sectores del litoral están abiertos o cerrados a la pesca, la ley también regula el tipo de artes y aparejos admitidos, los periodos de veda, las tallas mínimas y otras condiciones que buscan un equilibrio entre la actividad pesquera y la conservación del medio marino. Cualquier desviación de esas pautas se considera potencialmente sancionable.
Nueve infracciones administrativas y posibles sanciones económicas
A raíz de todos los hechos constatados, los agentes procedieron a levantar las correspondientes denuncias administrativas. En total, se han tramitado nueve infracciones, que engloban la pesca en zona prohibida, el uso de artes ilegales, la ausencia de licencias y la falta de boya de señalización, entre otros aspectos.
La Ley de Pesca de Canarias clasifica las infracciones en tres niveles de gravedad: leves, graves y muy graves. Cada una de estas categorías lleva aparejado un rango económico distinto, que busca disuadir del furtivismo y de cualquier práctica que dañe los recursos del mar.
En el tramo inferior, las infracciones leves pueden conllevar un simple apercibimiento o multas que oscilan entre los 60 y los 300 euros. Se reservan para conductas de menor entidad, aunque reiterar este tipo de faltas puede acabar endureciendo las consecuencias.
Cuando los hechos se consideran infracciones graves, las sanciones se elevan de forma considerable, con multas que van desde los 301 hasta los 60.000 euros. Aquí se encuadran comportamientos que suponen un riesgo claro para los ecosistemas o un perjuicio notable para la gestión pesquera.
En la franja más alta se sitúan las infracciones muy graves, cuyas penalizaciones económicas van desde los 60.001 hasta los 300.000 euros. Esta horquilla refleja la contundencia con la que el ordenamiento autonómico pretende atajar las actividades de pesca ilegal más dañinas y reiteradas.
Impacto sobre el ecosistema y la seguridad en el mar
La operación llevada a cabo en Candelaria no solo tiene una vertiente sancionadora, sino que vuelve a llamar la atención sobre el impacto ambiental del furtivismo en las costas de Tenerife. La extracción descontrolada de pulpos, peces y otros organismos marinos reduce la capacidad de recuperación de los caladeros y rompe el equilibrio de las comunidades submarinas.
El uso de artes de pesca prohibidas incrementa ese efecto negativo, ya que muchas de estas técnicas capturan indiscriminadamente todo lo que encuentran a su paso, dañando tanto a las especies objetivo como a otras que no deberían verse afectadas. A largo plazo, esta dinámica pone en jaque la viabilidad de la pesca legal y respetuosa con los recursos.
A ello se suma el componente de seguridad. La ausencia de elementos de señalización como la boya obligatoria expone a los propios infractores a ser arrollados por embarcaciones que navegan por la zona, especialmente en áreas con tráfico marítimo frecuente. Las normas no solo buscan proteger el entorno, sino también evitar incidentes graves en el agua.
En este contexto, actuaciones como la de la Guardia Civil en Candelaria pretenden lanzar un mensaje claro a quienes se plantean vulnerar la ley: las inspecciones y controles en el litoral canario son constantes y las consecuencias económicas y legales pueden ser importantes.
El episodio protagonizado por los tres pescadores furtivos en Tenerife ilustra cómo la combinación de vigilancia activa, normativa estricta y sanciones disuasorias se ha convertido en una de las herramientas principales para proteger los recursos marinos del archipiélago y garantizar que la actividad pesquera —tanto profesional como recreativa— se desarrolle dentro de los márgenes que marca la ley.
