La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirmó la imposición de medidas contra el Acuario de Veracruz tras constatar que delfines y lobos marinos fueron obligados a actuar en espectáculos recreativos. La autoridad determinó que estas prácticas vulneraron el bienestar animal mediante rutinas públicas con maromas, bailes y saltos.
De acuerdo con el Acuerdo Resolutivo del expediente PPFA/36.3/3S.6/0115-24, bajo la titularidad de Mariana Boy Tamborrell, los ejemplares fueron sometidos para fines recreativos prohibidos. Aunque la Profepa no ha anunciado aún los detalles, la institución señaló que habrá sanciones y que se mantienen abiertos otros procedimientos administrativos en el recinto.
Qué determinó la Profepa
La inspección oficial concluyó que los mamíferos marinos fueron “sometidos y forzados” a realizar actos ante el público, lo que incluye maromas, bailes y saltos, contraviniendo la normativa vigente. El hallazgo acredita maltrato en el proceso de entrenamiento y exhibición, además de mostrar una operativa enfocada en el entretenimiento.
La dependencia confirmó la resolución sancionatoria pero, por el momento, sin precisar el tipo de sanción (multas, clausuras o medidas correctivas), ya que hay expedientes paralelos en evaluación sobre el manejo veterinario y el cumplimiento de protocolos de bienestar.
La ley que prohíbe los shows con mamíferos marinos
Desde la reforma de 2023 a la Ley General de Vida Silvestre, en México está prohibido realizar espectáculos, entrenamientos o presentaciones con delfines, lobos marinos, focas o manatíes. Solo se permite su mantenimiento y manejo con fines educativos o de conservación, y únicamente bajo autorización expresa de Semarnat.
La misma normativa establece que quien incumpla estas disposiciones incurre en infracción administrativa sancionable, por lo que la actuación de Profepa se enmarca en la aplicación directa de la ley frente a presentaciones recreativas no autorizadas.
La denuncia que activó la investigación
El expediente se abrió tras la denuncia formal presentada en 2024 por José González Martínez, presidente de la Asociación Veracruzana para la Conciencia Ambiental. El activista aportó vídeos y reportes que documentaban rutinas forzadas y la construcción de un “lobario” con fines de exhibición, pese a la prohibición.
Tras conocerse la resolución, González Martínez consideró que se trata de un reconocimiento oficial del maltrato y de un avance en la defensa de la fauna marina. Su señalamiento motivó la inspección federal que desembocó en la determinación sancionatoria.
Posibles consecuencias y plazos
A la espera de que se concreten los montos y medidas, la autoridad recordó que los mamíferos marinos sólo pueden destinarse a fines científicos, educativos, de investigación, conservación o reintroducción, siempre bajo protocolos autorizados. En ese contexto, el acuario podría estar obligado a reubicar a los animales en santuarios o corrales marinos con intercambio de agua de mar.
Los lineamientos contemplan ventanas de cumplimiento que, según el caso, podrían abarcar desde 18 meses hasta 8 años para completar traslados y adecuaciones. De no acreditarse el cumplimiento, la Profepa puede valorar medidas adicionales, incluida la clausura temporal, además de nuevas multas o condicionantes.
Reacciones y contexto institucional
Organizaciones ambientalistas han respaldado la decisión y reclaman ampliar las inspecciones a otros centros para garantizar el fin de los shows. Consultada por la prensa, la Profepa respondió que las sanciones específicas “aún no se definen”, dado que existen otros procedimientos corriendo en el lugar.
Por su parte, el Acuario de Veracruz no ha difundido una postura pública; fuentes internas apuntan a que se prepara una posible apelación administrativa. En paralelo, la actuación de la autoridad se inscribe en una supervisión más estricta, tras casos recientes como cuando la Profepa clausuró el parque La Pastora por fallas en el cuidado de animales.
El caso evidencia que el marco legal vigente deja poco margen a los espectáculos con fauna silvestre y que el incumplimiento tiene consecuencias. La resolución que acredita maltrato, la apertura de sanciones y la obligación de reconducir el manejo de los ejemplares dibujan un cambio de ciclo en la relación entre entretenimiento y bienestar animal en México.