Tras más de tres décadas de actividad, el cierre del Aquarium de Mar del Plata y la posterior quiebra de la empresa que lo gestionaba han dejado un panorama tan inusual como delicado: decenas de animales marinos convertidos en parte de un expediente comercial, a la espera de que los tribunales definan qué será de ellos.
El parque dejó de recibir público el 31 de marzo de 2025 y, desde entonces, el predio de Punta Mogotes se transformó en un espacio silencioso donde apenas se escucha el sonido del mar y de los 66 ejemplares que aún permanecen allÃ. Su cuidado diario recae sobre un equipo reducido de trabajadores que resiste en medio de una situación financiera lÃmite.
Quiebra del Aquarium: animales como activo judicial
La firma Plunimar S.A., operadora del oceanario y controlada por la multinacional mexicana The Dolphin Company, fue declarada en quiebra directa el 20 de febrero de 2026 por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 20, a cargo del juez Eduardo Malde. A partir de ese momento, tanto las instalaciones como los animales quedaron bajo administración concursal.
En ese marco, la fauna que sigue en el recinto pasó a integrarse formalmente como parte del activo de la sociedad. Esto implica que cualquier traslado, venta o cesión de los ejemplares debe contar con autorización expresa del juzgado. No se trata de bienes habituales de una quiebra, como maquinaria o inmuebles, sino de seres vivos que requieren atención continua y protocolos sanitarios especÃficos.
El inventario oficial detalla que en el predio viven 56 pingüinos magallánicos, 2 pingüinos rey, 4 pingüinos saltarrocas o saltarines y 4 lobos marinos de dos pelos. En total, 66 animales marinos que dependen por completo del cuidado humano y no pueden ser devueltos al océano por su historia de cautiverio o rescate temprano.
Para gestionar esta etapa, la Justicia designó a la sÃndica Andrea Hoff, responsable de administrar la compañÃa, preservar los bienes y garantizar el bienestar de la fauna. Su tarea abarca desde la organización del personal hasta la planificación de eventuales reubicaciones, pasando por la búsqueda de fondos para sostener los gastos urgentes del complejo.
El dÃa a dÃa en un parque cerrado al público
Desde el cierre de las puertas al turismo, el Aquarium ya no desarrolla ninguna actividad comercial. No se venden entradas ni se realizan espectáculos, y el predio opera exclusivamente como espacio de mantenimiento y resguardo de los animales. El lugar, antaño lleno de visitantes, hoy muestra talleres vacÃos, sillas acumuladas, sectores de exposición cerrados y un microcine en evidente desuso.
Pese al deterioro visible de algunas áreas, las inspecciones recientes ordenadas por la Justicia y realizadas por la PolicÃa Ecológica de la Provincia de Buenos Aires confirmaron que los ejemplares se encuentran en buen estado general, sin lesiones ni signos de descuido. Los informes describen las pingüineras con orden, limpieza y estanques de agua cristalina, en contraste con ciertas imágenes difundidas en redes sociales que mostraban piletas con agua oscura tras fuertes lluvias.
El cuidado cotidiano está en manos de 12 trabajadores especializados que permanecen en el predio. Su labor se centra en la alimentación, la sanidad, la seguridad y el mantenimiento básico de los recintos. Muchos de ellos acumulan años de experiencia con fauna marina y han sido testigos tanto del auge del parque como de su caÃda.
Según la documentación presentada por la sindicatura, a comienzos de marzo los animales disponÃan de alimento garantizado para aproximadamente un mes en el caso de los lobos marinos y hasta tres meses para los pingüinos. La reposición de estos insumos depende ahora de la aprobación judicial para utilizar fondos de la masa de la quiebra.
El presupuesto mensual estimado para sostener el predio ronda los 54,8 millones de pesos, un monto que incluye sueldos, cargas sociales, consumo eléctrico y provisión de comida. La electricidad, en particular, resulta clave para mantener filtros, bombas y sistemas de soporte vital, hasta el punto de que se dictó una medida cautelar para evitar el corte del suministro por facturas impagas.
Del esplendor turÃstico al cierre forzado
Durante años, el Aquarium fue uno de los principales atractivos turÃsticos de Mar del Plata. Sus shows con delfines, exhibiciones de lobos marinos y el centro de rehabilitación de fauna marina formaban parte del paisaje habitual de los veranos en la costa bonaerense.
El origen del conflicto que llevó al cierre se remonta al contrato de alquiler del predio de Punta Mogotes, vigente desde la inauguración del parque en 1993. El acuerdo principal expiró en 2022 y desde entonces se encadenaron renovaciones cortas, hasta que en 2025 los propietarios del terreno decidieron no extender más el vÃnculo, con la intención de destinar la zona a otros proyectos.
Sin la posibilidad de seguir utilizando el espacio y con la temporada turÃstica ya comprometida, la empresa se quedó sin su fuente esencial de ingresos: la venta de entradas y servicios al público. A partir de marzo de 2025, el parque dejó de funcionar como atracción abierta, pero continuó soportando los costes fijos de personal, mantenimiento y alimentación de los animales.
El deterioro económico se agravó con rapidez. En enero de 2026, Plunimar declaró la cesación de pagos, acumulando deudas con trabajadores y proveedores. Un mes después, el juzgado comercial decretó la quiebra, al considerar inviable la continuidad del negocio en esas condiciones.
Al mismo tiempo, las instalaciones arrastran un contrato de alquiler vencido y presiones para su desocupación. El predio, ubicado a metros del faro y con salida directa al mar, es un terreno muy codiciado, lo que añade una carrera contra el reloj para definir el traslado de los ejemplares sin dejar a nadie en el camino.
Intentos de venta, delfines a Egipto y pingüinos en el limbo
Antes de que se declarara formalmente la quiebra, la empresa inició un proceso acelerado para desprenderse de algunos animales como forma de conseguir liquidez y reducir costes de mantenimiento. La operación más relevante fue la venta de diez delfines nariz de botella a un acuario en Hurghada, en el Mar Rojo (Egipto), concretada a finales de 2025.
Por esos delfines —Zaiko, Lara, Olivia, Isis, Aramis, Callie, Moro, Ares, Juno y Mako— la compañÃa recibió alrededor de 800.000 dólares. De acuerdo con los documentos incorporados al expediente, el dinero se utilizó para pagar salarios, afrontar indemnizaciones y sostener el cuidado del resto de los animales que siguieron en Mar del Plata.
En los escritos presentados ante la Justicia, la firma defendió la operación como un paso necesario para garantizar el bienestar de los delfines, argumentando que no podÃan ser reubicados en otros centros del paÃs y que un traslado internacional ofrecÃa mejores condiciones de alojamiento.
El panorama fue mucho más complejo con los pingüinos. La compañÃa reconoció que realizó más de un centenar de gestiones con traders y potenciales compradores del exterior para reubicar o vender los ejemplares, sin lograr concretar ninguna operación relevante.
Entre las ofertas frustradas se incluyen propuestas de China, Brasil, Filipinas, Rusia y una empresa mexicana. En un caso, se llegó a manejar una venta total de pingüinos por 950.000 dólares, y en otro, una oferta previa de 750.000 dólares. Sin embargo, las negociaciones cayeron por problemas financieros, regulaciones sanitarias y exigencias ambientales internacionales, dejando a la colonia de pingüinos en una situación de incertidumbre permanente.
Restricciones sanitarias, litigios y presión social
El escenario se complica además por la presencia de la gripe aviar en Argentina y otras restricciones sanitarias que afectan el comercio internacional de aves marinas. La propia sindicatura admite que una eventual venta al exterior de algunos pingüinos no está descartada, pero reconoce que el proceso estarÃa condicionado por controles estrictos y permisos difÃciles de obtener.
Al mismo tiempo, el Aquarium y su empresa operadora acumulan varias causas judiciales abiertas. En el fuero civil y comercial existen demandas por indemnizaciones laborales, reclamos salariales, uso de imagen y deudas con exempleados. En paralelo, en la Justicia federal se investigan posibles infracciones ambientales y manejo inadecuado de residuos peligrosos, además de una causa penal ligada a la Ley 22.421 de conservación de la fauna.
La SecretarÃa de Ambiente ya habÃa impuesto previamente multas y sanciones al parque por presuntas violaciones a la normativa de protección animal, incluyendo una multa cercana a los 22 millones de pesos y la orden de decomisar algunos ejemplares. Todo ello conforma un historial que genera desconfianza entre organizaciones ecologistas y sectores de la sociedad civil.
En redes sociales y medios locales se han multiplicado las denuncias por el estado de los recintos y la calidad del agua. Ante cada episodio, la empresa y el municipio han salido a remarcar que se utilizan sistemas de recirculación con agua de mar y que se aplican protocolos de bienestar animal básicos, algo que hasta ahora han respaldado las inspecciones oficiales recientes.
Más allá de la cuestión ambiental, el caso también ha derivado en crÃticas a la clase polÃtica local. Distintas voces señalan la falta de reacción del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, al que se le reprocha no haber articulado una respuesta clara ni propuestas concretas ante una crisis que ocurre dentro del término municipal y que combina bienestar animal, control estatal y futuro del frente costero.
Plan de reubicación y alternativas en estudio
Con la quiebra ya firme y sin posibilidad de reabrir el parque, la sindicatura trabaja en un plan de acción para reubicar a los animales. El objetivo es encontrar destinos adecuados que garanticen condiciones de alojamiento, atención veterinaria y adaptación, evitando, en la medida de lo posible, nuevos traslados de larga distancia.
Entre las opciones dentro de Argentina aparecen Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, como posible receptor de algunos lobos marinos, además de instituciones como la Fundación Bubalcó (Patagonia), el Bioparque Batán y la Fundación Temaikén para parte de la colonia de pingüinos. Estas alternativas se analizan en función de capacidad disponible, requisitos sanitarios y viabilidad logÃstica.
Para articular traslados internacionales o de mayor complejidad, la sÃndica se puso en contacto con la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA), con el fin de obtener apoyo técnico y logÃstico. La entidad se comprometió a estudiar el caso y evaluar mecanismos de cooperación, aunque por ahora no hay definiciones públicas.
Las autoridades judiciales han dejado claro que, mientras se mantenga la actual etapa del proceso, ningún animal puede abandonar el predio sin una orden concreta del Juzgado Comercial N.º 20. Esta restricción, pensada para proteger el valor del activo y evitar movimientos irregulares, a la vez ralentiza las soluciones y exige coordinar cada paso con el expediente.
En paralelo, se baraja la posibilidad de que algunos ejemplares sean simplemente reubicados sin mediar operaciones de compraventa, especialmente si se considera que buena parte de la fauna fue rescatada y rehabilitada por el propio Aquarium. Ese esquema limitarÃa la generación de fondos, pero podrÃa facilitar acuerdos con centros de conservación y parques acreditados.
La situación deja sobre la mesa una tensión constante entre necesidades económicas, urgencias de bienestar animal y complejidades legales. Mientras los números no cierran, los animales siguen siendo la prioridad declarada, aunque con un margen de maniobra cada vez más ajustado.
El caso del Aquarium de Mar del Plata se ha transformado en un ejemplo paradigmático de lo que ocurre cuando un emprendimiento privado con fauna en cautiverio colapsa financieramente: un entramado de deudas, juicios y decisiones pendientes donde el futuro de 66 animales depende de la coordinación entre la Justicia, las autoridades ambientales, las instituciones de acogida y unos recursos económicos que se agotan.