La justicia ecuatoriana ha vuelto a poner el foco en el tráfico de especies protegidas. La Sala de Garantías Penales de Guayas ratificó la condena de tres años de prisión para un hombre acusado de transportar y comercializar 510 pepinos de mar en el archipiélago de Galápagos. La decisión, anunciada este lunes por la Fiscalía, pone fin al recurso de apelación presentado por la defensa del sentenciado.
Los hechos se remontan a octubre de 2018, cuando las autoridades detectaron al individuo mientras movilizaba varios recipientes metálicos y gavetas que contenían los ejemplares. La investigación demostró que los pepinos de mar eran transportados desde la isla Floreana hasta San Cristóbal, donde el acusado fue detenido en flagrancia. La sentencia original, dictada en octubre de 2025, ya había establecido la pena privativa de libertad y una multa equivalente a diez salarios básicos unificados, unos 4.820 dólares.
Detalles del caso y pruebas presentadas
Durante la audiencia de apelación, celebrada el 28 de julio de 2026, la Fiscalía defendió la validez de las pruebas recopiladas. Entre los elementos clave figuraron los testimonios de agentes investigadores, biólogos peritos y funcionarios del Parque Nacional Galápagos, además del informe de reconocimiento del lugar de los hechos y las evidencias bajo cadena de custodia. Los magistrados consideraron que el tribunal de primera instancia valoró correctamente todo el material probatorio, por lo que rechazaron por unanimidad el recurso de la defensa.
El pepino de mar es una especie protegida en Ecuador debido a su papel fundamental en el equilibrio del ecosistema marino de Galápagos. La legislación ecuatoriana castiga con penas de uno a tres años de cárcel a quienes capturen, transporten, almacenen o comercialicen especímenes de flora o fauna silvestres protegidos por la autoridad ambiental o por tratados internacionales. En este caso, la condena se ajustó al máximo previsto por la ley.
Impacto del tráfico ilegal en Galápagos
El archipiélago de Galápagos es un patrimonio natural de la humanidad y alberga especies marinas y biodiversidad que requieren una protección estricta. El tráfico de pepinos de mar no solo afecta a la biodiversidad, sino que también pone en riesgo el equilibrio ecológico de la zona. Las autoridades han intensificado los controles en los últimos años, y casos como este demuestran que la justicia actúa con firmeza contra los infractores.
La sentencia ratificada incluye además la obligación de pagar la multa de 4.820 dólares, que deberá ser abonado por el condenado. La defensa del acusado había intentado revertir la decisión argumentando supuestas irregularidades en el proceso, pero los jueces consideraron que no existían motivos para modificar el fallo original. Con esta resolución, queda firme la condena por el delito contra la flora y fauna silvestres.
La Fiscalía destacó que el caso sirve como precedente para futuras actuaciones contra el tráfico de especies en Galápagos. La colaboración entre los agentes investigadores, los biólogos y el Parque Nacional fue fundamental para demostrar la responsabilidad del acusado. La comunidad internacional sigue de cerca la gestión de este tipo de delitos en un ecosistema tan frágil como el de las islas.
