La aparición de cuatro tortugas mediterráneas en una finca particular de Alella (Barcelona) ha vuelto a poner el foco en la delicada situación de esta especie en la península. Lo que empezó como una comprobación rutinaria por un posible caso de maltrato canino acabó destapando la tenencia irregular de unos animales catalogados en peligro de extinción.
Los ejemplares de tortuga mediterránea (Testudo hermanni), especie autóctona de Catalunya y Baleares, han sido intervenidos por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, que investigan ahora al propietario de la vivienda por un presunto delito contra la protección de la fauna.
Una inspección por perros mal atendidos que destapa tortugas protegidas
La actuación arrancó tras un aviso ciudadano recibido el 21 de abril a través de los canales de contacto de la Guardia Civil, en el que se alertaba de la posible presencia de perros en mal estado en un domicilio de Alella, en la comarca del Maresme. La patrulla del SEPRONA de Premià de Mar se desplazó hasta la vivienda para verificar la situación.
Durante la inspección inicial, los agentes comprobaron que los perros se encontraban en buenas condiciones, con un estado físico y sanitario adecuado, por lo que se descartó un caso de maltrato hacia estos animales. Sin embargo, la visita no terminó ahí: al revisar el exterior de la finca, los guardias civiles observaron, a través de una valla, varias tortugas en el interior de un cercado.
Al acercarse al corral, los agentes identificaron a los reptiles como tortugas mediterráneas, una especie de reptil estrictamente protegida en España y en la Unión Europea. La presencia de estos ejemplares en una propiedad privada levantó inmediatamente las sospechas sobre su procedencia y la legalidad de su tenencia.
Ante esta situación, el SEPRONA solicitó al dueño de la finca la documentación que acreditara el origen legal de las tortugas y su posesión conforme a la normativa. El propietario, un hombre de 62 años, reconoció que no disponía de ningún tipo de papel ni autorización administrativa.
El propietario alega que las tortugas le fueron entregadas para evitar su suelta
Según el relato ofrecido a los agentes, el investigado explicó que las tortugas le habían sido entregadas aproximadamente dos años antes por otra persona, que supuestamente quería evitar soltarlas en el monte. Esta práctica, todavía relativamente frecuente, consiste en liberar ejemplares en espacios naturales sin ningún control científico ni autorización.
Los especialistas en conservación recuerdan que las liberaciones incontroladas pueden alterar la genética y la sanidad de las poblaciones silvestres, además de facilitar la expansión de enfermedades o introducir ejemplares de origen desconocido en núcleos autóctonos muy frágiles. Aunque esta vez no se llegó a la suelta, la tenencia particular sin permisos ya supone una vulneración de la normativa.
Al no poder justificar el origen legal de los animales ni aportar certificados CITES o documentación de cría autorizada, los agentes del SEPRONA procedieron a intervenir los cuatro ejemplares de tortuga mediterránea. La actuación se enmarca en las competencias de la Guardia Civil en materia de protección de fauna salvaje y control de especies amenazadas.
La Benemérita ha puesto los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, y el caso está siendo instruido por el Juzgado de guardia de Mataró, que deberá determinar la posible responsabilidad penal del propietario por un presunto delito contra la fauna.
Una especie emblemática en peligro de extinción en Catalunya y Baleares
La tortuga mediterránea (Testudo hermanni) es uno de los reptiles más emblemáticos del litoral y prelitoral catalán, pero también uno de los más castigados. Históricamente se encontraba distribuida por amplias zonas de Catalunya, pero la pérdida de hábitat, los incendios forestales, la presión urbanística y la captura para el comercio de mascotas han reducido drásticamente sus poblaciones.
En la actualidad, solo se conserva una población autóctona salvaje consolidada en la sierra de l’Albera, en el Alt Empordà, con una superficie estimada de unos 130 kilómetros cuadrados. Los censos disponibles apuntan a entre 6.000 y 7.000 ejemplares, aunque muy fragmentados y con densidades reducidas, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a cualquier impacto adicional.
El resto de núcleos presentes en Catalunya y otras zonas del Mediterráneo occidental provienen en gran parte de programas de reintroducción impulsados desde los años ochenta o de liberaciones incontroladas de individuos procedentes de cautividad. Esta mezcla de orígenes hace aún más importante controlar el movimiento de animales y evitar introducciones no autorizadas.
Desde el punto de vista legal, la tortuga mediterránea está catalogada como especie en peligro de extinción en España y en el Catálogo de fauna salvaje autóctona amenazada de Catalunya, dentro de la categoría más alta de amenaza. Además, figura en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y está incluida en el Apéndice II del convenio internacional CITES y en el Anexo A de la normativa europea sobre comercio de fauna y flora silvestres.
Todo este entramado normativo implica que su tenencia, transporte, compraventa o intercambio están sometidos a controles muy estrictos. Para poseer legalmente un ejemplar es imprescindible poder demostrar su origen autorizado, normalmente mediante documentación de cría en cautividad legal, registros CITES y permisos específicos, algo de lo que carecía el propietario investigado en Alella.
Del comercio masivo como mascota a una protección estricta
Durante décadas, especialmente en el siglo pasado, la tortuga mediterránea fue un animal habitual en mercados y tiendas de animales de Barcelona y otras ciudades. Se vendían ejemplares capturados en Catalunya, en las Islas Baleares o importados desde varios países de Europa del Este, sin demasiado control sobre su procedencia ni sobre el impacto que esa extracción tenía en el medio natural.
Aunque ese comercio está hoy prohibido, muchas tortugas mediterráneas siguen viviendo en domicilios particulares. Su elevada longevidad —pueden sobrepasar con facilidad los 50 años— ha hecho que numerosos ejemplares hayan pasado de una generación a otra dentro de la misma familia, a menudo sin que sus dueños sean plenamente conscientes del régimen de protección al que están sometidas.
La Administración y los cuerpos de seguridad insisten en que, en caso de tener una tortuga mediterránea sin papeles, la solución no es liberarla por cuenta propia en el campo. Esta práctica, además de ilegal, puede tener consecuencias graves sobre los pequeños núcleos salvajes existentes y sobre los proyectos de conservación en marcha.
En el plano biológico, la especie se reconoce con facilidad por el acusado contraste entre los tonos amarillos y negros del caparazón y por un tamaño adulto que suele situarse entre los 13 y los 20 centímetros. Uno de sus rasgos distintivos es la presencia de una pequeña uña o escama dividida longitudinalmente en el extremo de la cola, característica que ayuda a diferenciarla de otras tortugas terrestres.
En el caso de Alella, todo apunta a que los ejemplares llevaban alrededor de dos años en la finca sin ningún tipo de registro oficial, un escenario que ilustra la persistencia de la tenencia privada de esta especie pese al endurecimiento legal de los últimos años.
Traslado a Torreferrussa: cuidados especializados y futuro por decidir
Una vez intervenidos, los cuatro ejemplares de tortuga mediterránea fueron trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Torreferrussa, situado en el municipio de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Este equipamiento de referencia en Catalunya se encarga de la atención veterinaria y la rehabilitación de fauna protegida.
En Torreferrussa, las tortugas reciben una valoración veterinaria completa para determinar su estado sanitario, su origen más probable y las posibilidades de integración en programas de conservación o en recintos controlados. En función de su condición física, del riesgo sanitario y de su historial, se decide si pueden participar en proyectos de reintroducción, permanecer en instalaciones educativas o de cría, o quedar bajo custodia permanente.
Los especialistas subrayan que cualquier movimiento de ejemplares de tortuga mediterránea debe estar estrictamente planificado, precisamente por el reducido tamaño de las poblaciones naturales y por la necesidad de preservar la diversidad genética de los núcleos autóctonos. La gestión inadecuada de unos pocos animales puede tener efectos desproporcionados sobre toda una población.
Mientras tanto, el procedimiento penal sigue su curso. El propietario de la vivienda de Alella se enfrenta a posibles sanciones por un presunto delito contra la protección de la fauna, al carecer de permisos y documentos que avalen la posesión de una especie catalogada en peligro de extinción. Será el juzgado de Mataró el que determine las responsabilidades y, en su caso, las penas correspondientes.
Casos como este reflejan cómo la colaboración ciudadana, a través de denuncias y avisos, se ha convertido en una herramienta importante para detectar situaciones irregulares y apoyar la labor de los agentes medioambientales.
El rescate de estas cuatro tortugas mediterráneas en Alella muestra hasta qué punto la conservación de una especie amenazada no solo depende de los espacios protegidos, sino también de lo que ocurre en patios, jardines y fincas privadas. Cada intervención de este tipo sirve para recordar que la tortuga mediterránea es hoy un símbolo de la fragilidad de la fauna autóctona y que su supervivencia pasa por respetar la legislación, evitar la tenencia ilegal y renunciar definitivamente a tratarlas como una simple mascota más.
